El autotransporte de carga en México enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad. El 2022 no fue un buen año para esta industria y el 2023 inició caótico debido a la violencia en carreteras de Sinaloa que se vivió los primeros días de este año y que afectaron a todo el país.
¿Qué garantías tienen los transportistas ante hechos de esta naturaleza?, ¿cómo impacta esta situación a toda la cadena de suministro y a la logística en México?, ¿qué estrategias deben diseñar las empresas transportistas y los operadores logísticos ante la inseguridad en carretera? y ¿qué acciones han emprendido las autoridades para hacerle frente a esta situación?
Si revisamos las cifras de siniestros en carretera sabremos que cada vez más van en ascenso. Según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), al cierre del tercer trimestre del 2022, el robo al transporte de carga superó los ocho mil incidentes (sumando los del fuero común y el federal), lo cual significó un incremento de 1.76% respecto al mismo periodo del año anterior.
En cuanto al robo de vehículos pesados, T21 reportó que la cifra alcanzó ocho mil 533 unidades en 2022, y se robaron 23.37 vehículos de carga por día, alrededor de una unidad por hora, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Mientras que datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) arrojaron que de enero a noviembre de 2022 fue el periodo con más robos de unidades.
El modus operandi y los estados con mayor incidencia no han cambiado. Al menos así lo señalan y coinciden diversas asociaciones especializadas en rastreo satelital en sus reportes. En el sector se conocen cuáles son los focos rojos, las rutas y los horarios en que se registran más siniestros. Lo que cambia es el número de siniestros registrados.
Las cifras son preocupantes y las acciones para frenar esta situación por parte de las autoridades federales son insuficientes. Esto no solo impacta al transporte de carga, sino también a la logística, el retail e incluso a la industria de rastreo satelital, ya que el crimen organizado utiliza artefactos tecnológicos más sofisticados para el robo de unidades.
En México está prohibido el uso y la adquisición de los dispositivos electrónicos denominados jammer que se utilizan para el robo de camiones. En 2020 entró en vigor la ley antijammer, la cual sanciona a quien fabrique, comercialice, distribuya, instale, compre, porte, utilice u opere equipos que entorpezcan o anulen las señales de comunicación.
Sin embargo, esto no ha frenado o disminuido el número de robos en las principales carreteras del país tanto de mercancías como de unidades, así como los ataques contra los conductores.
El pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, ante el anuncio de la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán -líder del cártel de Sinaloa e hijo de El Chapo Guzmán- las vías de acceso a esa ciudad ardieron en llamas debido a protestas de grupos armados.
Este hecho local repercutió obviamente en la seguridad e integridad de la sociedad civil, pero también en el transporte de carga a nivel nacional, ya que se robaron tráileres para utilizarlos en los bloqueos y se quemaron unidades que transportaban insumos de primera necesidad.
El estado colapsó. Los accesos para la entrada y la salida del transporte de carga, así como de pasajeros, quedaron bloqueados. Las tiendas de Walmart, Coppel, Costco y Femsa cerraron por seguridad. Empresas como Tresguerras y Castores suspendieron actividades.
Por su parte, Estafeta canceló sus servicios en la ciudad de Culiacán e informó que debido al cierre de carreteras en la zona del Pacífico registraron retrasos en la carga hacia Baja California y Sonora. Hay que destacar que por el estado de Sinaloa pasan corredores carreteros clave como son el de México-Nogales y el de Mazatlán-Matamoros.
En su momento, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) hizo un llamado a sus agremiados a extremar precauciones y reprogramar los viajes en atención a la solicitud de las autoridades.
Sin embargo, en estos casos las empresas transportistas, de paquetería y mensajería deben contar con un plan B de gestión de riesgos para saber qué hacer en casos de emergencia nacional. Necesitan reconfigurar su estrategia logística para cumplir con las entregas tan pronto como les sea posible y procurar la protección de toda la mercancía, sobre todo la carga refrigerada.
Por su parte, la Guardia Nacional y elementos del Ejército buscaron restablecer el orden público y salvaguardar la seguridad de la población civil. No obstante, no pudieron evitar los saqueos, la quema de camiones, bloqueos y demás afectaciones en el estado.
Los altos índices delictivos en el transporte carretero dañan a la industria y a la economía del país; este sector aporta el 3.4% al PIB, según cifras de la Agenda Económica del Autotransporte de Carga 2020 de Canacar.
La inseguridad en las carreteras es un problema de peso que crece cada vez más y como tal debe atacarse en sus diferentes aristas y debe ser prioridad en la agenda de los gobiernos federal, estatal y local. ¿No lo cree así estimado lector?
Te invito a leer mi columna anterior: México, de cara al comercio internacional en 2023
Diego Sahagún es especialista en comercio exterior, logística internacional, administración logística, cadena de suministro y análisis financiero. Actualmente se desempeña como Joint CEO de Aduaeasy.
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