La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) mostró su preocupación ante el debate del dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se realizará mañana miércoles 9 de marzo, ya que preocupa que se apruebe mediante un proceso fast track, sin antes atender las necesidades de todos los implicados en el sector automotor.
El organismo empresarial solicitó que no se apruebe dicha ley sin antes atender al análisis, debate y proceso de atención de las áreas de oportunidad que, incluso, han señalado autoridades federales.
“Derivado del debate sobre el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, consideramos fundamental que ésta no incluya imprecisiones, la contradicción de conceptos en caso de interpretaciones, el riesgo de generar obstáculos técnicos al comercio, al tiempo que sea coordinada con otros instrumentos legales correspondientes para hacerla más holística en materia de seguridad”, señaló.
La nueva ley de movilidad pretende establecer medidas para reducir las muertes por accidentes viales, por ello, busca un límite de velocidad en autopistas y vías federales para autos de 110 kilómetros por hora, para autobuses de 95 km/h y 80km/h para camiones y tráileres.
Además, con la nueva ley se pretende el alcoholímetro obligatorio en todo el país, la obligación del uso de cinturón de seguridad y reglas para la expedición de licencias de conducir.
Por ello, la AMIA, a la vez de externar su compromiso con la población al seguir todos los estándares de calidad para brindar vehículos seguros y confiables, sugirió escuchar a todos los involucrados para no afectar a ningún sector.
“Consideramos fundamental el poder promover una estrategia de seguridad vial robusta que atienda todos los factores de riesgo, así como también, aprovechar el espacio legislativo para escuchar otras voces distintas y complementarias a las que promueven la iniciativa de origen y de esta forma atender las amplias áreas de oportunidad del documento”, enfatizó.
Por último, la asociación reiteró el compromiso que tiene con la industria para colaborar en la construcción de una movilidad mejor para todos, con la que todos los sectores puedan salir beneficiados.
“Desde la AMIA, reiteramos nuestro compromiso con el establecimiento de mecanismos de colaboración con representantes gubernamentales, industria, academia y sociedad civil organizada que permitan afianzar una política pública integral que logre garantizar el derecho constitucional de tener una movilidad segura, eficiente, sostenible y de calidad para todos”, finalizó.
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