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La misma reforma fue aprobada ayer por el Senado de la República, quien hizo modificaciones a la propuesta surgida de la Cámara Baja, eliminando la figura del permisionario y creando la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otros.
De este modo, se cierra un proceso legislativo que arrancó el 13 de noviembre de 2013, cuando los diputados Fernando Alfredo Maldonado y Abel Guerra Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Juan Carlos Múñoz Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), y presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados destacó que la medida “incrementaría el entorno competitivo del país” al garantizar la libre competencia, y señaló que las denuncias y querellas serán de carácter federal con contraprestaciones fijadas por la SCT.
En este sentido, explicó que los concesionarios deberán colaborar en el servicio de derechos de arrastre y en el establecimiento de tarifas máximas, y abundó en la importancia de lograr intermodalidad en el país.
De entre las distintas intervenciones, destacó el posicionamiento a favor del propulsor del proyecto Abel Guerra Garza, quien destacó que las modificaciones a la norma que salió de la Cámara Baja en febrero de este año van en el sentido correcto a fin de mejorar el servicio, al incluir términos como la interconexión o los derechos de paso y arrastre.
En contra, varios diputados resaltaron que la reforma favorece la liberalización del mercado y subordina el poder político al económico, y sacaron a relucir los problemas en la licitación del tren México-Querétaro.
Con todo, la reforma fue respaldada por una mayoría más amplia en el congreso que en el Senado, cuando se aprobó por 71 votos a favor y 32 en contra.
Twitter: @Marti_Quintana