El paquete de reformas aprobadas recientemente y fast track por senadores de Morena en diversos temas como las asignaciones para la industria ferroviaria y que fueron publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), podrían ser impugnadas si se confirma que no pasaron por un proceso establecido en la Constitución y normas aplicables.
Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de Alttrac, dijo que la aprobación de la reforma es “cuestionable” y calificó como un “albazo” dicha acción, primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en Senadores.
“Eso levanta suspicacias y hace dudar de las buenas intenciones de estas reformas, al llevar un proceso legislativo desaseado corre el riesgo que estas reformas sean anuladas por la Suprema Corte de Justicia (de la Nación) por no haber cuidado el proceso y esto afectará a reformas que sí hubiera tenido la pena tener como las horas de trabajo a la semana”, dijo.
De igual manera coincidió Carlos Barreda, representante comercial en México de Stella Jones, que esta reforma se pudiera revocar, pero se tendría que revisar si el proceso legislativo se llevó a cabo en los términos establecidos en la Constitución y normas aplicables.
“En todo caso, los mismos agraviados (empresas transportistas) o las propias cámaras del sector tendrían que promover para que la propia Corte se pronuncie en torno a su constitucionalidad”, afirmó.
Incluso, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que la oposición puede impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las diversas iniciativas que fueron aprobadas en una sola noche por el Senado en la antigua sede en Xicoténcatl.
Cabe precisar que en la víspera, el Gobierno federal publicó en el DOF la reforma del artículo 3o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y un artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
“El título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida. Una vez otorgada dicha asignación no podrá cederse o transferirse bajo ningún título; solo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o razones de seguridad nacional que lo justifiquen”, precisa dicho decreto.
Además, puntualiza que la persona titular del Ejecutivo federal puede asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, por causas de utilidad e interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional, cuando no contravenga su objeto social.
Lo anterior, tras la aprobación en el Senado de la minuta que regula el marco jurídico nacional en materia ferroviaria a fin de facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que sea quien otorgue, interprete y observe el cumplimiento de las concesiones.
Rafael Espino de la Peña, senador morenista, afirmó que esta reforma tiene por objeto establecer que los títulos de asignación de las vías férreas se mantengan siempre en manos del Estado y que exista una temporalidad indefinida de estos.
“Se trata de la recuperación para el Estado del ordenamiento en las asignaciones ferroviarias”, manifestó.
Benjamín Alemán Castilla precisó que en materia de asignaciones es un punto que ya existía desde la privatización de los trenes y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y actualmente operan este esquema en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el de Baja California Railroad (BJRR).
En cuanto a la vigencia indefinida, expuso que no se dará un “efecto importante” debido a que en la ley actual las asignaciones o concesiones se pueden dar hasta por 50 años, con una ampliación de hasta por 50 años más, además “nada garantiza que en cinco o 10 años llegue otro gobierno y haga una contrarreforma”.
“Lo veo más como un mensaje del gobierno diciendo que el Tren Maya se va a quedar y además se lo va a quedar el Ejército, aunque este gobierno ya no esté. Lo veo más como una reforma con fines políticos”, dijo en entrevista con T21.
Sobre que las asignaciones no se podrán transferir, advirtió que este es un punto que puede causar complicaciones en la operación del Ejército, debido a que no podrá contratar a una empresa privada para llevar a cabo dicha tarea, contrario a lo que sucede actualmente.
Carlos Barreda reiteró que una operación ferroviaria eficiente exige de especialización, de experiencia y de vastos conocimientos sobre el universo de mercancías que se pueden transportar, de los servicios de conexión y de terminales, incluso por cuanto se refiere al traslado de personas y los diferentes tipos de servicios que se pretendan ofrecer.
“No podría descartar que la Sedena tenga la capacidad para hacerlo. Sin embargo, pienso que su función pública y razón de ser es totalmente distinta. Ahora bien, si después de las asignaciones la propia entidad paraestatal subcontrata a alguna empresa privada para encargarse del mantenimiento y de la operación, pues no le vería entonces ningún sentido al decreto”, sostuvo.
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