Tras el anuncio de la directriz de emergencia para reducir las tarifas máximas existentes en el transporte ferroviario de carga en México, la industria manifestó su desacuerdo, mientras que especialistas del sector advierten que este control de precios es inadecuado, ineficiente y puede repercutir en inversiones futuras.
Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de Alttrac, dijo que este control de precios como los que se han llevado a cabo anteriormente son medidas dañinas a futuro para la economía, ya que terminan impactando en la disponibilidad de los productos, en la calidad de los servicios, y a los consumidores.
“Me parece una mala idea. Si obligas a un ferrocarril a cobrar una tarifa que no le permita cubrir sus costos puede poner en peligro la viabilidad de las empresas; no hay que olvidar que los propios proveedores de servicio también están experimentando un alza en los precios de sus insumos. Solamente se pueden poner bases de regulación tarifaria cuando haya condiciones de ausencia de competencia declarado por la Cofece previa investigación y en este caso no se cumple esta condición y por lo tanto, no hay un fundamento para establecer esta condición de precios”, expuso.
Precisó que en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se establece que las empresas ferroviarias tienen la libertad de fijar sus tarifas, “se reconoce esa libertad y por lo tanto el decreto debía de cuestionarse si tiene fundamento legal. La SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) puede emitir este tipo de medidas de emergencia siempre y cuando exista una situación de esas y hay una definición en la ley de esas situaciones y habrá que analizar si esta inflación amerita esta declaratoria. Al final no lo amerita y creo que se excede”.
Por lo que puntualizó que en el artículo 46 de la ley mencionada se detalla que los permisionarios y concesionarios fijarán libremente los precios en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones de eficiencia, calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
“Se está asumiendo que la iniciativa privada es culpable de la inflación, cuando en la mayoría de los casos se debe a una política monetaria, hay que analizar todos los componentes de la cadena y ver cuál está impactando más, se está dejando de lado el impacto de la política monetaria. Es muy riesgoso jugar con este tipo de políticas que además son ineficientes”, expresó.
El pasado domingo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) informó que recibió por parte de la SICT un documento en el que afirma que propondrá una directriz de emergencia para reducir las tarifas máximas; la dependencia argumentó que dicha acción se busca aplicar ante el impacto generado por los altos costos en el traslado por esta vía de productos de la canasta básica, bienes y mercancías, lo cual ha fomentado el desarrollo de una actividad del sector ferroviario alejado de un ambiente propicio.
Al respecto, en la víspera la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) afirmó estar en desacuerdo en general con las premisas de dicho documento, “nos acercaremos a las autoridades del sector para poder aclarar sus bases y sus alcances, así como para señalarles nuestras preocupaciones”.
Mientras que Luis Felipe González, responsable de equipo de precios y desarrollo de negocios de Hub Group México, opinó que dicha medida es inadecuada y se debe de dejar que se definan por la oferta y demanda, además afirmó que dicha medida atentaría contra la inversión futura por parte de la industria ferroviaria en el país.
“Un ferrocarril reinvierte lo que gana en infraestructura comparada contra la carretera que es pagada por todos nosotros. Sería un error”, consideró.
Benjamín Alemán Castilla dijo que la respuesta de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) al exhorto que le hizo la SICT para establecer una metodología para fijar las contraprestaciones por los servicios de interconexión y las tarifas máximas, debe estar apegada a la ley reglamentaria.
Dijo que este organismo es el encargado de ver estas últimas que son las que registran los concesionarios y no se actualizan constantemente, mientras que otros costos aplicables son por convenios que realizan las ferroviarias con ciertas empresas, por voluntad de partes, “entonces desde mi punto de vista no hay fundamento de que sean más altas que la inflación”.
De igual manera, mencionó que la apertura del sector ferroviario de carga a la inversión privada permitió acabar con el monopolio con que nació la industria en México, y actualmente se tiene un oligopolio “desde el punto de vista de mercado económico”.
Con datos de la AMF, hasta antes de la concesión el ferrocarril movía el 14% de la carga en el país, actualmente contribuye con el 27%, el resto se realiza a través del autotransporte. Mientras que, en los últimos 24 años de operaciones concesionadas, las empresas han invertido cerca de 15,000 millones de dólares.
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