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Para impulsar el cambio de matriz energética en el transporte de carga es necesario tener políticas públicas claras y certeza jurídica, de modo que las empresas posean las herramientas para tomar decisiones de inversiones en energías limpias.
“Hoy no se puede planear un cambio a unidades 100% eléctricas cuando no se conoce lo que va a pasar, porque no existe una política pública clara. Además de que no se tienen incentivos para hacer el cambio”, compartió en entrevista para T21 Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
En la actualidad un vehículo eléctrico de carga para la distribución tiene un costo tres veces mayor que un vehículo convencional, si bien este tipo de unidades baja los costos operativos, su adquisición ha sido tardía debido a que las empresas no cuentan con apoyos que impulsen una adopción más veloz.
Puntualizó que al hablar de estímulos para la transición a vehículos más limpios, las empresas no buscan recursos económicos per se, sino beneficios de carácter operativo. “Por ejemplo, eliminar las restricciones de circulación cuando se tenga un parque vehicular moderno o ya se esté transitando a la electromovilidad”.
En este sentido lo que se busca con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) es que no se sobrerregule el transporte. “Tenemos que convencer a las autoridades, con hechos y datos, de la importancia que tiene el transporte”, hoy las empresas realizan inversiones en mejores vehículos con mayor seguridad y tecnología amigable con el medio ambiente, porque están convencidas de que es el camino para contribuir a la salud pública.
Detalló que es necesario que las autoridades que estén observando la sobrerregulación del autotransporte analicen la información que está disponible y que llamen a la mesa a los involucrados en la movilidad a un diálogo que beneficie a todos, incluyendo al autotransporte.
“Solo con hechos y datos vamos a poder evitar la sobrerregulación, tenemos que demostrar que lo que se está haciendo, se hace correctamente; lo que buscamos es que la actividad se regule y no se prohíba, porque los diferentes usuarios de las vialidades deben convivir de manera correcta, de este modo gana la ciudadanía y ganan los gobiernos”, detalló.
Gómez también se refirió a que es lamentable que el autotransporte de carga sea moneda de cambio en tiempos electorales y que se busque restringir la actividad. “Tenemos que continuar proporcionando una mayor información a las autoridades, de modos que tomen las mejores decisiones. Necesitamos una política pública para tener un transporte más eficiente y seguro”.
Dado lo anterior, la ANTP está trabajando en un programa de comunicación conjunto con otras organizaciones involucradas en la logística y el transporte, de modo que la imagen del autotransporte de carga cambie. “Si no logramos esto, la sociedad no sabrá de la importancia de la actividad para la vida diaria y los políticos continuarán con sus promesas de restricción”, dijo.