El documento incluye temas como la territorialidad de las nuevas estaciones de servicio de empresas trasnacionales, el combate a la sustracción ilegal y la venta de gasolinas robadas, así como la calidad de los combustibles que produce Petróleos Mexicanos (Pemex).
El escrito entregado al presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub, destaca que en las reformas secundarias incluyan Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materias de metrología y control de las cantidades exactas de litros que entregan las pipas de Pemex a las 10 mil 715 gasolineras en el país.
Diariamente se venden en México 190 millones de litros de gasolina y diésel. Pemex lo suministra sin certeza volumétrica porque no existen NOM que regulen sus instrumentos de medición de alto flujo,
señala el texto firmado por el presidente de Amegas, Pablo González.
Otro tema que debe incluirse en las leyes secundarias es la calidad de las gasolinas y el diésel que produce Pemex, ya que sobrepasan los niveles de azufre y no se cumplen las NOM que estableció la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La propuesta de los empresarios gasolineros mexicanos que analiza el senado también advirtió el creciente mercado negro de las gasolinas en el país y señala que cada vez son más frecuentes en carreteras, pueblos, pequeños talleres y pequeños negocios la venta de gasolina y diésel robado, que se expende en bidones y tambos de 50 a 200 litros.
El mercado negro en México que está controlado por la delincuencia organizada oferta en un promedio de cinco a seis pesos el litro, cuando el precio oficial es de más 12 pesos, por lo que el sector gasolinero durante 2013 registró un decremento por ventas de 2.4 por ciento.
También propone que en las leyes secundarias se incluya que la Secretaría de Energía no permita la instalación de estaciones de gasolina con una proximidad de dos mil metros de otra ya instalada en zonas urbanas y de 20 mil metros en carreteras y áreas rurales.
En el documento enviado al Senado se señala que incluso ha habido casos de corrupción, “cobrando hasta un millón de pesos por cada autorización de uso de suelo y licencias de construcción”.