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México se encuentra en la ruta para contar con nuevas reglas para la industria ferroviaria del país. Los cambios aprobados por el Senado a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario se encuentran a la espera de ser discutidos y en su caso aprobados por la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, vigente desde el 1 de septiembre.
La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) reitera que, de aprobarse las modificaciones propuestas por el senador morenista Ricardo Monreal, analizaría las acciones jurídicas que llevaría a cabo bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Dependiendo de cómo salga la iniciativa, si se aprueba en diputados habría que evaluar dentro del análisis jurídico si esto se lleva a tribunales dentro de lo que es el T-MEC (…) lo que se dio bajo las concesiones están protegidas por estos tratados y hay una parte que cambia y se ve afectado”, destaca Óscar del Cueto, presidente del organismo.
Agrega que la Secretaría de Economía reconoce que, para efectos de este tratado, las concesiones y derechos que estas otorgan constituyen un activo intangible y en consecuencia son consideradas como una inversión protegida por los propios acuerdos “y hacer una modificación rompe con esto”.
De ahí que se manifieste preocupación, ya que la reforma propuesta genera incertidumbre jurídica y desincentiva la inversión.
Negociación en doble vía
El pasado 29 de abril, el Senado aprobó las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, promovida por Ricardo Monreal, la cual busca subsanar las lagunas en la ley actual y garantizar la eficacia, eficiencia y desarrollo del servicio ferroviario.
Dichos cambios son considerados como “más graves” por la AMF, particularmente la renovación de la concesión, ya que se pretende modificar de 50 a 35 años, lo cual “vulnera derechos adquiridos y contraviene el artículo 14 de la Constitución con efectos expropiatorios, a la certeza jurídica, afecta severamente las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas, con un fuerte impacto negativo para la modernización de la industria y, con ello, para la economía del país”.
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