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En un comunicado, la SCT expone que
el aparato utilizado por la señora Jenny (sic) Rivera estaba siendo promocionado con el propósito de que ella lo adquiriera por lo que, según lo dicho por los representantes de la empresa, no estaba prestando el servicio de cabotaje.
De acuerdo con el Reglamento de Aviación Civil, en su artículo 11, se prevé que “en el servicio de transporte aéreo internacional no regular bajo la modalidad de taxi aéreo, el permisionario mexicano debe prestar el servicio desde uno o diversos puntos en territorio nacional hacia un punto en el extranjero y desde un punto en el extranjero hacia uno o diversos puntos en territorio nacional”. No tiene permitido el servicio de cabotaje, es decir, el servicio entre ciudades del país.
Sin embargo, al tratarse de aviación privada, de un vuelo que se realizó con una aeronave privada y no en un taxi aéreo, está permitida la operación entre dos ciudades del país. Sólo se deben tener matrículas del avión autorizadas por los países en los que van a operar, en este caso, eran de Estados Unidos y México, permisos de pilotos vigentes y cumplir con las bitácoras de mantenimiento, indicó Juan Antonio José, analista del sector aéreo.
T21 solicitó a la SCT una entrevista con el titular de dirección general de Aeronáutica Civil (DGAC), Alejandro Argudín, misma que no fue posible debido a que el funcionario “se encuentra participando activamente en las investigaciones del caso”, según informaron en la dependencia.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT destacó que junto con la Federal Aviation Administration (FAA) y la National Transportation Safety Board (NTSB) continúan llevando a cabo la investigación y examinan los documentos y los objetos encontrados para formular hipótesis sobre las causas del accidente.
Como parte de las investigaciones, la SCT informó que la aeronave de referencia experimentó un desplome precipitado que inició a una altitud de 28 mil pies, generando un impacto no controlado a una altitud de 9 mil pies sobre el nivel del mar.
Los restos de los cuerpos que se han encontrado hasta ahora han sido trasladados a las instalaciones del Hospital Universitario de Monterrey y serán las autoridades forenses las que, en su caso, confirmarán que las identidades de los hallados en el lugar del accidente corresponden a los pasajeros registrados en el manifiesto elaborado al iniciar el vuelo.
Se espera que los peritajes del avión accidentado tomen entre nueve meses y un año para ser concluidos.