Nuevamente la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se pronunció en contra de la Ley de Ingresos correspondiente al municipio de Ensenada, Baja California, la cual contempla el cobro de un impuesto destinado a los contenedores que circulen por ese municipio, aprobado por el Congreso de Baja California.
La Cámara, que aglutina a grandes empresas del sector transportista, insistió en rechazar cualquier cobro extraordinario a los que actualmente se aplican al autotransporte de carga. Detalló que esta medida no resuelve los problemas de infraestructura existentes en ese municipio y afirmó que constituyen una decisión contraria a la actividad económica local.
“Hacemos un llamado a las organizaciones empresariales del estado para evaluar de forma inmediata las acciones pertinentes a seguir”, afirmó a través de un comunicado de prensa.
El gremio transportista aseguró que la imposición de nuevos impuestos a sectores productivos tendrá un efecto nocivo para la atracción de futuras inversiones y ahuyentará a las ya presentes.
“Resulta incomprensible que, en pleno proceso de expansión por la llegada del nearshoring, autoridades como las de Ensenada impulsen reglamentaciones restrictivas que le restan atractivo a este importante puerto”, expuso el organismo, presidido por Miguel Ángel Martínez Millán.
En los primeros 10 meses de 2023, el puerto de Ensenada había operado 394 mil 651 contenedores de 20 pies (en importación y exportación), un 5.6% más que en el mismo periodo de 2022, según las estadísticas más actuales de la Secretaría de Marina (Semar).
Todas las vías federales que conectan al puerto de Ensenada cruzan por el municipio, lo que implicaría que ningún tractocamión con contenedores estaría exento de esta medida.
La Ley de Ingresos del municipio bajacaliforniano contiene la adecuación en impuestos de una UMA (103.74 pesos) por unidad para establecimientos que almacenan contenedores y camiones que circulen y maniobren en el puerto, misma unidad que cambia de valor anualmente.
La Canacar, que ya había realizado un primer pronunciamiento en contra el pasado 15 de diciembre, en esta ocasión detalló que analizará alternativas que permitan llevar carga a otros puntos, ya sea dentro o fuera de México.
Otro organismo que ha manifestado su desacuerdo con la medida ha sido la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), quien además ha criticado que en estas decisiones no han sido considerados los sectores privados involucrados para evitar posibles afectaciones irreversibles.
Más del 50% de las mercancías trasladadas en el país son operadas por el autotransporte, mientras que esta actividad aporta más del 80% del comercio entre México y Estados Unidos.
“Renovamos nuestro llamado a las autoridades del municipio de Ensenada a establecer una mesa de diálogo para encontrar una pronta salida a esta situación y evitar una afectación económica, tanto para el sector productivo como para ese puerto que, sin duda, resulta innecesaria”, afirmó Canacar.
La sobrerregulación ha sido una piedra en el camino para el sector del autotransporte en México en los últimos años, un sector que ha tenido que destinar parte de su presupuesto al pago de impuestos municipales o estatales que de buenas a primeras aparecen en cualquier parte del país.
También y a la par, se encuentra el trabajo que tanto autoridades relacionadas con la administración de la movilidad y organismos de transporte involucrados, así como organismos de la sociedad civil, han estado trabajando en torno a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que entró en vigor en 2022, y que es parte de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov).
Dicha estrategia contiene un plan de ruta nacional para que, en un futuro cercano, la movilidad en el territorio se rija bajo una sola interpretación de los derechos y obligaciones de todos los involucrados, aunque algunos especialistas del transporte han criticado que se han dado pasos muy lentos en esta transición.
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