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Los empresarios del autotransporte en México se enfrentan a la carencia de acciones políticas para dar resolución a una situación que se viene arrastrando desde que inició la pandemia -como los retrasos en los trámites de altas, bajas y emplacamiento de vehículos de carga que impactan económicamente en sus negocios-, y que se recrudeció en octubre pasado a raíz del hackeo al sistema de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), identificó en conferencia de prensa que “falta voluntad política para que se apoye a la SICT y se tome una acción radical. Lo que necesitamos es un nuevo sistema digital que permita tener control vehicular vía Internet; en pleno 2023 no es entendible que esto no se haya hecho aún”, detalló.
A lo anterior se le suma la carencia de un Registro Público Vehicular (Repuve) confiable, que lejos de modernizarse cada día se encuentra más deficiente y dedicado casi en su totalidad a regularizar el contrabando automotriz. El presidente ejecutivo de la AMDA lo advirtió en meses pasados al mencionar que es urgente sacar del cajón de los legisladores la Ley General de Control Vehicular.
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Si bien, para Rosales es complejo cuantificar el impacto negativo a los transportistas por el retraso en los emplacamientos, es claro que tener una unidad nueva que no es capaz de realizar el trabajo para el que fue adquirida es una pérdida de competitividad, además de que se reduce la capacidad para asumir los compromisos con los clientes.
“En numerosos casos los transportistas se encuentran cubriendo los intereses y el capital de un camión que aún se encuentra parado. Y consideremos que, dentro de los requisitos solicitados para autorizar las nuevas placas está la presentación del seguro pagado, estamos hablando de pólizas que pueden fácilmente superar 300 mil pesos. Todo esto ocasiona la pérdida de dinero de una manera totalmente injustificada”, sentenció Rosales.
Para tratar de paliar esta situación, la AMDA está empujando la salida de vehículos emplacados de las distribuidoras a través de algunos convenios con los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Durango, Guanajuato y próximamente en Veracruz; cabe aclarar que esto corresponde exclusivamente a trámites de control vehicular local.
“Se trata de placas locales, mientras que lo que nos está llamando a la acción es lo correspondiente a trámites federales a cargo de la SICT, donde se encuentra la mayor obsolescencia”, apuntó el presidente ejecutivo de la AMDA.
A lo anterior Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), agregó que la problemática se está acentuando en Ciudad de México, por ello, “resulta importante redoblar los esfuerzos para apoyar la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) y acelerar estos trámites que son urgentes”.
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