El cobro de un permiso de ingreso, así como de carga y descarga para el autotransporte se ha intentado implementar en diversos estados, por ejemplo, Jalisco, Chihuahua y más recientemente en Tamaulipas, lo que convierte al autotransporte en un blanco de recaudación de fondos para los municipios que buscan sobrerregular la actividad.
“El autotransporte de carga federal tiene una regulación a nivel federal que lo habilita para transitar libremente por el país, claro, entendemos que ciertos municipios tienen sus propias regulaciones, mas no al nivel de querer cobrar por el ingreso de unidades de carga. Aunado a esto ya se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), lamentablemente en muchos municipios se ha tergiversado dicha ley para hacerla recaudatoria”, detalló en entrevista para T21 Israel Delgado, vicepresidente de la región noreste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Delgado detalló que el sector es claro en su posicionamiento de no permitir la distorsión del espíritu de la LGMSV, que es el libre tránsito ordenado y organizado.
La situación presentada en días pasados en Reynosa, debido a que el ayuntamiento buscaba cobrar 5 mil 700 pesos a partir de 2023 por circular por las vialidades céntricas de la ciudad fronteriza, podría poner en riesgo al autotransporte al verse como la caja chica de los municipios.
“Cuando hay un municipio que intenta fiscalizar o cobrar por el tránsito de vehículos de carga, habrá otros municipios que en el afán de recaudar se les ocurra aplicar este criterio, sin embargo, recordemos que hoy el transporte organizado está conectado y como Cámara estamos listos para poder reaccionar y alzar la voz por el libre tránsito en México, porque al incrementar la carga operativa al autotransporte se pone en riesgo la productividad y con ello podría impactar en la economía nacional”, compartió.
Para evitar estas situaciones, Delgado detalló que es necesaria una comunicación con las autoridades para que no se permita la sobrerregulación sobre la actividad, puesto que ya está regulada.
“Se pueden agotar estrategias e incluso generar centros de concentración fuera de las ciudades para trabajar bajo citas, pero creemos que se deben eficientizar los centros de distribución para que pueda el transporte cumplir con la misión de entregar y salir de las ciudades, sin que seamos sujetos de pagos adicionales en mas de 2 mil 400 municipios del país”, explicó.
Para Delgado, el único camino para que exista una convivencia entre todos los actores de la movilidad es crear mesas de trabajo con las autoridades para buscar áreas de oportunidad que permitan minimizar los retos.
“Nuestra función como transporte organizado es participar con los tres niveles de gobierno para poder conocer los objetivos que se buscan y cómo podemos coadyuvar a lograr estas metas, sin que se vea agraviado el sector, nosotros cumplimos con una función transversal porque es necesario mover las mercancías, el tema es hacerlo de manera ordenada con la ayuda de las autoridades”, comentó.
Hasta ahora el gobierno de Baja California ha trabajando de la mano con el sector para llegar a acuerdos, “una de las grandes virtudes que la autoridad puede tener es escuchar a sus gobernados y el transporte de carga es una actividad esencial para la economía de las familias, una autoridad que no escucha pone en riesgo la estabilidad económica y no permite que los que conocemos el tema podamos contribuir en resolver la problemática del tráfico en las ciudades, cuidado del medio ambiente, entre otros”, expuso Delgado.
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