A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados, propuso exhortar a la SCT, para informar sobre las disposiciones que regulan, no sólo el peso de los vehículos, si no también el cupo de pasajeros, los permisos y las condiciones mecánicas del transporte.
En las medidas para fortalecer la regulación y supervisión del autotransporte federal que anunció en abril de este año la SCT, no hay aspectos que no estuvieran ya considerados en los mandatos que por ley son responsabilidad de esa dependencia, reiteró Martel López.
En México, al año ocurren 30 mil accidentes en carreteras federales, de los cuales 17% de estos incidentes está relacionado con vehículos de carga y en 33% se involucran automotores con más de 10 años de antigüedad, por lo que dijo que también la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento establecen que es obligación de los autotransportistas contar con vehículos en óptimas condiciones de operación, con conductores aptos y capacitados, así como cumplir con las condiciones de peso, dimensiones y capacidad conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo, establece que es atribución de la SCT otorgar concesiones y permisos; vigilar su cumplimiento, verificar e inspeccionar que los servicios de autotransporte, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.
Existe pues la obligación y el instrumental normativo para contar con un sistema de control efectivo. Lo que no parece haber es la capacidad por parte de la SCT, de crear un sistema de supervisión que haga cumplir las normas, resaltó el legislador.
Ramón Martel López hizo énfasis en que los dos accidentes fueron por el desprendimiento de un contenedor de un tráiler de doble remolque y, en el otro, de la plataforma de un camión de carga, pero el tercero fue por el sobrecupo de un camión que transportaba a trabajadores agrícolas.
Los accidentes no son el único problema en que se pone de relieve la carencia de control, existe también el transporte turístico “pirata”, que está afectando a transportistas legalmente constituidos de los estados de Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, quienes han advertido sobre este asunto.