Ya tenía esta nota en el tintero desde hace unos meses cuando fuimos testigos de las justificadas protestas en las instalaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de pilotos agremiados en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México contra la iniciativa de una senadora federal de modificar la reglamentación aeronáutica nacional a fin de permitir el incremento de las horas de vuelo y de servicio de los pilotos mexicanos, sin considerar para ello los criterios técnicos emanados de los organismos aeronáuticos internacionales, caso de la Organización de Aviación Civil Internacional y otras prácticas de la industria, iniciativa que afortunadamente fue retirada unas horas después por la propia legisladora.
Lo que llamó mi atención en todo este asunto fue esa aparente falta de conocimientos de parte la senadora sobre las realidades técnicas de la materia que estaba abordando con su iniciativa, condición que se replica frecuentemente entre quienes redactan leyes en nuestro país, algo que me temo ha afectado seriamente la calidad de mucha legislación, impactando por ende en la efectividad del marco legal que nos rige.
No deben sorprender entonces, por ejemplo, los conflictos de interpretación y de aplicación de las últimas actualizaciones a la Ley de Aviación Civil aprobadas en materia de derechos de los pasajeros en México, los cuales a muchos nos queda claro terminan por no ser respetados por algunas aerolíneas que imponen sus políticas comerciales y prácticas operativas a sus favorecedores, quienes desconociendo el alcance real de sus derechos, temiendo represalias en la forma de objeciones para volar o desincentivados de quejarse por la onerosidad y complejidad del este tipo de procesos, incluyendo una a veces bien justificada percepción de sentirse sin el apoyo que las autoridades competentes, comenzando por las encargadas de proteger los derechos de los consumidores y las que deben asegurarse que se respete el marco legal aeronáutico, acaban por ajustarse a las prácticas de sus proveedoras, a las que no le cabe la cara de gusto, dados los ingresos que obtienen de ellas.
Lo cierto es que quienes redactaron estas modificaciones a la normatividad aeronáutica, ya sea por desconocimiento de la materia o por falta de voluntad para hacer las cosas debidamente, dejaron en ella vacíos que generan mucha confusión, incertidumbre y complicaciones entre los usuarios de los servicios aéreos nacionales. Ello no habría ocurrido al emanar normatividad de la pluma de diputados y senadores responsables, competentes y conocedores de los puntos finos de las actividades sobre las cuales legislan.
Sin duda necesitamos mejor normatividad acompañada de una adecuada aplicación, pero para ello se requieren mejores redactores y mejores voces en nuestro Congreso. Igual y es tiempo de votar más inteligentemente.
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