A nadie debe sorprender la cuantiosa demanda en dólares americanos interpuesta en un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, en contra la nueva aerolínea del Estado mexicano por parte de una de sus proveedoras, nada menos aquella que supuestamente le iba a procurar la incorporación de esos 10 Boeing 737-800 con los que con “bombo y platillo” se había anunciado comenzaría a volar, negociaciones que dada la manera como se llevaron a cabo y la poco clara naturaleza de la “arrendadora”, generaron muchas dudas dentro y fuera de la aerolínea, incluyendo a quien firma esta nota, al que llama la atención no tanto la demanda, sino el breve plazo en que se presentó desde que las partes supuestamente estaban en negociaciones, además del monto, el cual se indica supera los 840 millones de dólares, que sin conocer detalles, a primera vista me parece enorme.
Y es que, con base a mi experiencia tratándolos profesionalmente, ya sea como colaborador o como consultor externo, a los militares mexicanos, concretamente a los de la Secretaría de la Defensa Nacional, por sus siglas Sedena, que son a los que realmente conozco, estoy convencido que les encanta no solamente pedir, sino hasta exigir a propios y ajenos la entrega de bienes o servicios sin mediar las debidas contrataciones de los mismos que consagren tanto las obligaciones como los derechos de las partes.
No una sino decenas de veces he sido testigo a lo largo de mi actividad profesional, insisto, fungiendo ya sea como externo al que se le consulta, o como empleado al que se le ordena, de cómo los mandos y representantes de la Sedena piden, vuelven a pedir, solo para volver a pedir diversos trabajos, la mayoría de las veces fuera de todo contexto lógico en lo que toca a tiempos de entrega o bases documentales a proveedores externos y funcionarios públicos necesitados de los ingresos asociados que en la mayoría de los casos terminan ahogados física, emocional y financieramente en un océano de ineficiencia producto de una inflexible y miope burocracia, absurdos cambios de rumbo, falta de toma de decisiones, inexistencia de formalización de acuerdos, falta de presupuesto y por ende de pagos, incompetencia, improvisación, nepotismo, ignorancia, despotismo, hostigamiento, secrecía, incumplimiento de acuerdos, violaciones de derechos laborales y, lógicamente, autoritarismo.
No tiene usted una idea de lo complicado que resultaba lograr que, por ejemplo, un sencillo e inocuo documento de carácter informativo pasase los controles de los funcionarios castrenses de mando medio a cargo de revisarlas antes de que pudiera llegar a los ojos de quien requería tener conocimiento de su contenido y posterior toma de decisiones, proceso por cierto en el que la forma era realmente lo importante, sin duda mucho más que la posiblemente valiosa y oportuna información contenida en el documento. De esta manera, nada se tramitaba, nada se resolvía, nada se hacía bien y nada se concretaba, por lo menos a tiempo, dando como resultado entre otras cosas, retrasos en pago de salarios, reembolso de viáticos, pago a proveedores, adquisiciones, etc., mucho de lo cual seguramente será materia de interés de los juzgadores norteamericanos en el citado litigio.
No me sorprende entonces que la demandante se haya hartado de la poco profesional manera con la que su cliente se manejó y como sociedad registrada en los Estados Unidos amparada por sus leyes haya decidido recurrir a sus tribunales para reclamarle lo que a su juicio considera tiene derecho.
Veo a esta demanda como un duro golpe al prestigio de la calidad de la gestión de quien o quienes tuvieron a cargo las negociaciones y administración de este contrato, y por ahí, en caso de un fallo a favor de la demandante, como un impacto financiero a un erario mexicano que tendrá que responder. Desgraciadamente también se está exponiendo, ahora sí que a “flor de piel”, la realidad de cómo ha sido constituida y manejada la controversial aerolínea de la Sedena y por ende la manera como a veces se hacen las cosas en un México en el que cada día queda más claro no existe de hecho la seguridad jurídica que las entidades extranjeras requieren para hacer negocios.
Y no solo las extranjeras; aplicando el dicho que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, quiero pensar que otros importantes proveedores locales, caso de la aerolínea queretana Transportes Aéreos Regionales, por sus siglas TAR, que, ignoro en qué condiciones, que no me sorprendería también tienen por ahí “algo de sofisticado”, está aportando capacidad a Mexicana con sus aeronaves Embraer ERJ-145s, deben de andar muy, pero muy preocupados por la demanda en los Estados Unidos contra su cliente.
Lo cierto es que, de la misma manera que está sucediendo con la mayoría de los emprendimientos del actual sexenio a cargo de los militares mexicanos, las cosas no le están saliendo muy bien que digamos a la nueva aerolínea, algo que insisto, habiendo tenido cercano contacto con ella y con quienes la manejan, no me sorprende en lo más mínimo.
La pregunta es obligada: En caso de que la demanda genere un quebranto a las finanzas públicas ¿se va a castigar a los responsables, tengan o no uniforme militar o prevalecerá como en todo México la impunidad?
Al tiempo…
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