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Señaló que a pesar de los obstáculos interpuestos en el proceso (vio la luz verde a su construcción después de un error administrativo), la empresa refrenda su respeto al Estado de derecho nacional, “pues la ley se ha cumplido, lo que habla de que México es un país de instituciones y confianza en la inversión productiva”.
De igual forma, López refirió que quien llevará a cabo la construcción de la primera fase será una firma local, la cual se comprometió a contratar a trabajadores de la región, pues “la mano de obra mexicana es de calidad y muy confiable”.
El directivo agregó en un comunicado que la construcción del proyecto tardará alrededor de 16 meses y contará con un inmueble de exhibición de más de 12 hectáreas, bodegas de almacenaje, viviendas, centro de negocios, espacios públicos y una explanada para eventos temporales.
La inversión estimada para esta etapa será de 180 millones de dólares, de los cuales, 90% provendrá de inversionistas mexicanos, mientras que el 10% restante, de inversión extranjera a través de Chinamex.
Continúa rechazo
Mientras tanto, el sector privado demandó reglas estrictas para la introducción de mercancías al país, a fin de detener y sancionar las importaciones ilegales chinas, una vez que inicie operaciones el proyecto. El director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada, señaló que “ante la imposibilidad de echar para atrás el proyecto, una vez que fue autorizado por el gobierno local en un acto de negligencia legal, de no ponerse límites resultará afectada toda la industria nacional”.
En su opinión, el centro comercial indudablemente tiene un efecto sobre la industria nacional, pues se trata de exportaciones de un país que practica dumping. “Debemos cuidar muy particularmente el tipo de productos y que haya una clara revisión de cuentas y ojalá que exista la posibilidad de detener proyectos de este tipo que van en contra del empleo”.
Para Foncerrada, las autoridades locales “fingieron demencia e ignoraron su responsabilidad legal”. Esto permitió la autorización del proyecto ignorando la opinión de toda la sociedad, tanto del municipio como de los estados vecinos, por todas las implicaciones del medio ambiente que tienen e incluso en la desaparición del actual paisaje natural, agregó.