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El Senado mexicano avaló con 16 votos a favor reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, entre ellas, los ajustes a las tarifas se harán cada 3 años, aumento de multas a las empresas y la disminución de 50 a 30 años de las concesiones ferroviarias.
Las reformas, de acuerdo al dictamen, permitirán verificar que las tarifas del servicio público de transporte de carga ferroviario se reflejen en condiciones de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad, permanencia, uniformidad y equidad.
Mientras que consideró que el esquema actual de concesiones ha generado barreras de entrada y falta de competencia en el sector, pues sólo unas cuantas empresas tienen un poder de mercado suficiente para hacer valer su peso frente a los competidores, lo que originó que las concesiones para construir, operar y explotar vías férreas se otorgarán hasta por un plazo excesivamente amplio de 50 años.
Por ello, el proyecto modifica el artículo 11 de la Ley para establecer que dichos documentos tengan una vigencia de 30 años, con posibilidad de prorrogarse en cuanto las empresas otorguen mejores resultados en un plazo más corto de tiempo y promuevan servicios de calidad.
Mientras que cuando se preste dicho servicio sin la concesión respectiva, se multe con el equivalente del 5 y hasta el 10% de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario.
Además, si la asistencia ferroviaria sea realiza con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes, se aplique una multa por el equivalente del 5 al 10% de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario.
En el documento también se menciona que en México actualmente el 95% de la industria ferroviaria descansa en un consorcio y una empresa, lo que -en otros sectores económicos, diferentes a los relacionados a concesiones- implicaría la existencia de duopolios en el mercado nacional.
En este contexto, expone que los ferrocarriles no presentan condiciones de competencia efectiva por lo que, en ausencia de una adecuada regulación, los concesionarios aprovechan su posición de mercado para fijar las tarifas y otras condiciones del servicio de manera unilateral y obtener ganancias “extra normales”. El dictamen formula sanciones para garantizar el cumplimiento y la eficiencia del servicio ferroviario en México; así como el fortalecimiento del marco normativo sobre visitas de verificación, entre otras.
Dicho dictamen se aprobó durante la reunión de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos Segunda, sin que hubiera sido analizado adecuadamente, denunciaron algunos senadores, ya que el documento se recibió el pasado 23 de marzo, sin embargo, este domingo fue enviada una nueva versión del mismo.
La senadora panista Xóchitl Gálvez, comentó que era necesario convocar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Economía, para que se hubiera contado con mayor información sobre la propuesta que fue recibida el pasado viernes 23 de marzo, e incluso propuso que se pospusiera para contar con más elementos que permitieran un mejor análisis.
“20 minutos para un dictamen tan complejo de 2 comisiones unidas, salvo que quieran pasarla sin discusión o votación eso si daría tiempo (…) sí nos agarró de sorpresa. Son 3 cambios que se realizaron al dictamen”, dijo.
De igual manera, la príista Claudia Ruiz Massieu expuso que se requería la opinión de la Cofece y los representantes de la industria por lo que solicitó que se difiriera la discusión y votación del dictamen.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Macera dijo que una empresa no podría soportar una multa de 3,000 millones de pesos por una infracción “estaría contrario a lo que la Corte ha establecido en diferentes jurisprudencias respecto a las multas excesivas. Nos van a decir que estamos poniendo este parámetro que está totalmente desproporcionado y va a desalentar la inversión en México”.
En un documento, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) consideró que la iniciativa incluye claras violaciones a 2 principios constitucionales siendo el de proporcionalidad de las sanciones y el de competencia y libre concurrencia en términos de precios, además abonan a un entorno de incertidumbre jurídica, con efectos directos en los socios norteamericanos.
“Esta incertidumbre jurídica desincentiva la inversión en un sector intensivo en capital. Estamos a favor de todo lo que nos haga más eficientes y que traiga más carga al ferrocarril como un medio sustentable y aliado de la reactivación económica. Preocupa que los cambios propuestos y sus alcances no reflejan una visión integral y pueden ser nocivos para el sector con un impacto contrario para el usuario que el deseado”, dijo.
Sobre la reducción de las concesiones ferroviarias de 50 a 30 años, consideró como “expropiatorio y vulnera la certidumbre jurídica de los concesionarios ferroviarios para renovar sus actuales concesiones por plazos adicionales de 50 años. En tanto las modificaciones propuestas en lo relativo a las multas, resultan contrarias al Artículo 22 Constitucional, toda vez que el precepto constitucional prohíbe la aplicación de multas excesivas e indica que toda pena deberá ser proporcional a la conducta sancionada y al bien jurídico afectado.
Respecto a las tarifas, comentó que aun cuando los concesionarios mexicanos son de los más competitivos a nivel mundial, se pretende limitar la libertad de fijar tarifas, en razón de que ahora sólo podrán registrarse cada 3 años. “En la práctica lo que la iniciativa propone es una política de control de precios en la que la ARTF fije de manera discrecional las tarifas aplicables al servicio público de transporte ferroviario mediante un Modelo de Costeo Ferroviario”.
“Lo anterior en franca violación al principio de libre concurrencia de precios establecido por nuestra Constitución. Lo anterior, sin perjuicio de las graves afectaciones que una política regulatoria de control de precios tendrá para la industria ferroviaria mexicana, al desincentivar las inversiones, y por tanto un impacto negativo en el desarrollo del mismo”, señaló.
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