Desde hace más de tres años y medio trabajadores de compañías locales e internacionales instaladas en México han interpuesto distintas quejas laborales a través del mecanismo acordado en el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante supuestas violaciones de sus derechos, un sistema que ha intentado nivelar el trato de los obreros en la región de América del Norte, que a nivel industria es una de las más activas.
A simple vista, la mayoría de los resultados del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR) en estos años han sido favorables para miles trabajadores al ser reinstalados en sus puestos, recibiendo salarios atrasados o llevando a cabo su derecho a libertad de asociación y negociación colectiva, evidenciando el que las compañías prefieren sanear sus políticas laborales a perder sus beneficios dentro del tratado comercial.
En la extendida negociación del T-MEC, en vigor desde el 1 de julio de 2020, se incluyó el apartado 23-A que señala que se debe garantizar que los trabajadores puedan acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo que es indispensable la existencia de una democracia sindical y libertad de asociación.
“Ya se le pusieron dientes al tratado, ahora ya hay agregados laborales en nuestro país. Ahora Estados Unidos y Canadá están revisando y verificando que las empresas realmente cumplan el capítulo laboral”, comenta en entrevista a T21 Alberto Bustamante, consejero y analista del sector automotriz y de autopartes.
El mecanismo laboral se ha distinguido por su celeridad, ya que una resolución se puede dar en cuatro meses desde que la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) notifica a la Secretaría de Economía (SE) y se realizan las investigaciones pertinentes, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la compañía acusada.
Los dientes que menciona Bustamante se refieren a las sanciones, que pueden ir desde la imposición de aranceles, así como el bloqueo a las importaciones (por parte de Estados Unidos y Canadá a México) y aplican directamente a las empresas involucradas, pero no queda ahí, ya que se puede extender hacia su cadena de valor.
El también ex director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) comentó que con esta medida se fortalecen los derechos laborales, ya que para que antes se pudiera investigar algún caso se tenía que recurrir a una demanda colectiva ante el gobierno de México, y “ahora existe un mecanismo a nivel internacional donde se puede denunciar como trabajador mexicano a una planta si se están violando tus derechos”…
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