Uno de los elementos que llama la atención es el trabajo que se tiene que hacer para la obtención de los recursos, “es impresionante que se tenga que convencer a los ministros de finanzas en los países para invertir en seguridad vial”, enfatizó Verónica Raffo, especialista Senior de Infraestructura del Departamento de Desarrollo Sustentable para la Región Latinoamérica y del Caribe, del Banco Mundial.
El tema de los apoyos no necesariamente tiene que manifestarse en recursos para obras, sino en presupuestos para operar programas o fiscalización para garantizar que estos se cumplirán, como refirió Alejandro Taddia, especialista senior en Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por esta razón, es que algunas organizaciones cuestionaron que en el primer día de trabajo del CISEV no se presentara el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, o la titular de Salud Mercedes Juan, de quien depende el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), expresó Francisco de Anda, director de Movilidad y Desarrollo México, un organismo que procura la seguridad vial.
En México de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) en las carreteras federales se generan cuatro mil 500 muertes anuales y 24 mil heridos, situación que para los especialistas denota la urgencia que se tiene para destinar políticas públicas y recursos.
En su intervención, José Aguilar Zinser, director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT, anticipó que en breve se dará a conocer por parte del ejecutivo federal la creación por decreto de la Agencia Nacional de Investigación de Accidentes, que en teoría habrá de sumar esfuerzos para reducir la siniestralidad.
De acuerdo con Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hacia el término de este plazo México habrá de resumir en 50% sus víctimas que para ese entonces eran de 24 mil muertos, 40 mil con discapacidad permanente y más de 750 mil gravemente lesionados.
Dentro de América Latina, los registros al inicio de este Decenio se ubicaban en más de 140 mil muertos y cinco millones de lesionados. Con base en una proyección del BID, de no modificarse las políticas y medidas en esta materia, hacia 2025 se podrían llegar a 450 mil personas por año en cuanto a muertos.
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