![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/Camion_viejo_05.jpg)
El grupo propone revisar en un período preferentemente menor a tres años el peso máximo de carga, así como la creación de una instancia de seguimiento “que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables”, señala el comunicado de la SCT.
Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.
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El grupo propone revisar en un período preferentemente menor a tres años el peso máximo de carga, así como la creación de una instancia de seguimiento “que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables”, señala el comunicado de la SCT.
Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.
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El grupo propone revisar en un período preferentemente menor a tres años el peso máximo de carga, así como la creación de una instancia de seguimiento “que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables”, señala el comunicado de la SCT.
Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.
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El grupo propone revisar en un período preferentemente menor a tres años el peso máximo de carga, así como la creación de una instancia de seguimiento “que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables”, señala el comunicado de la SCT.
Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.
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El grupo propone revisar en un período preferentemente menor a tres años el peso máximo de carga, así como la creación de una instancia de seguimiento “que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables”, señala el comunicado de la SCT.
Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.
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Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.
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El grupo propone revisar en un período preferentemente menor a tres años el peso máximo de carga, así como la creación de una instancia de seguimiento “que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables”, señala el comunicado de la SCT.
Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.
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El grupo propone revisar en un período preferentemente menor a tres años el peso máximo de carga, así como la creación de una instancia de seguimiento “que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada, a efecto de tomar decisiones sustentadas, conforme a datos confiables”, señala el comunicado de la SCT.
Mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios y obligar el equipamiento de fulles con tecnología que abone a la seguridad, como cámaras y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques son otras de las propuestas realizadas por el panel.
Junto a ellas se encuentra actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte y establecer una regulación específica para los fulles que los sujete a permisos y placas especiales, incluidos permisos para los conductores, que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
En materia de licencias, se propone reducir la vigencia de cinco a dos años en general y de tres a uno en fulles y en el transporte de materiales peligrosos. Los fulles, además, solo podrían circular en caminos de mayores especificaciones, es decir, ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles denominadas ET y A, y proponen limitar los permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
El paquete de propuestas incluye el rediseño del modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones, la actualización del método de cobro en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio, ante posibles violaciones a las normas, además de disponer de mecanismos efectivos para la aplicación de multas electrónicas.
Por otra parte, los expertos no se olvidan de la necesidad de más apoyos institucionales para la renovación y reordenamiento del parque vehicular y proponen reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal que incluyan el establecimiento de procedimientos en línea, “transparentes, ágiles y seguros” y construir un sistema y base de datos institucionales “nuevo, robusto, seguro y confiable” que se complemente con mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
La SCT informó que el próximo año iniciará las gestiones y los procesos para deliberar y, en su caso, aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos, que se han reunido durante el periodo que ha durado su labor con cámaras y asociaciones del sector.
“Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas. Entre ellas, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los reglamentos internos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas (NOM 001-SCT2-2000, NOM 011-SCT2-2012, NOM-043-SCT-2003 y NOM 028-SCT-2010)”, señala la dependencia a través de un comunicado.