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El asunto de la reciente y muy publicitada colocación de sellos de suspensión en mostradores de documentación de VivaAerobus y Volaris en algunos aeropuertos de México por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, por sus siglas Profeco, “por negarse a cumplir la ley y no dejar de cobrar por el equipaje de mano”, llegó a tal nivel que un cliente de Wall Street al que atiendo en sus dudas sobre temas de aerotransporte me buscó preocupado por dichas acciones y la posibilidad de que las mismas pudieran ser parte de una campaña orquestada desde el Gobierno federal para perjudicar a algunas aerolíneas mexicanas en beneficio de otras más afines al régimen, algo que a su vez podría impactar en el valor de las acciones de ciertas operadoras que se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo.
Y es que gracias a las tecnologías de la información hemos alcanzado un nivel de difusión de noticias en el que la capacidad de impacto a nivel internacional de una, supuestamente para consumo local como lo serían las acciones de esta autoridad en contra de la aviación comercial mexicana, resulta impresionante y preocupante.
Más que nunca, los líderes de opinión y otros generadores de contenidos noticiosos, caso de los gobernantes y/o autoridades, cuentan con herramientas que, si bien por un lado permiten globalizar sus posiciones, ahora sí que “con un “Twit”, en ocasiones un tema se les puede salir de control y por ende terminar perjudicando o alterando sin justificación en mayor o menor medida la marcha a las cosas o los procesos, tal y como me temo ocurrió hace unos días con el asunto en comento.
En tiempos en los que las aerolíneas mexicanas luchan por salir de esa crisis en la que la tinta roja corrió como reguero en sus resultados operativos y financieros, lo último que requieren es que esos mercados de capitales internos y externos a los que en buena medida recurren para sortear la tormenta, se alarmen innecesariamente por acciones que inclusive podrían ser consideradas como abusos de autoridad.
Mal favor están haciendo entonces a los consumidores mexicanos los protectores federales de sus derechos. Quien firma esta nota fue testigo de cómo, en tiempos no muy lejanos, hasta que la Ley de Aviación Civil fue modificada en el año 2017, las aerolíneas efectivamente abusaban de sus favorecedores con este tipo de cobros, los funcionarios que la Profeco había destacado, por lo menos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, simple y sencillamente no actuaban contra las prestadoras de servicios cuando éstas aplicaban los mismos cobros entonces ilegales que hoy día ya pueden hacer legalmente en materia de equipaje.
Que no nos quieran tratar de impresionar con esos esfuerzos “en defensa” de los usuarios del aerotransporte mexicano, lo que está haciendo la Profeco y más concretamente su titular es política. Dicho de otra manera: es querer quedar bien con alguien. Lo peor, es que con ello están complicando un ambiente, de por sí turbio, en el espacio aéreo nacional. No cabe duda que la política es una mal necesario, pero al final de cuentas un mal, en especial cuando no se comprende su objetivo o se abusa de ella.
No voy a negar que tengo mucha curiosidad de ver qué acciones emprende esta autoridad en los aeropuertos del país en la próxima temporada alta de invierno.
Y a propósito, en todo esto, ¿dónde están las posiciones de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, otrora SCT, encargada de velar por el cumplimiento del marco legal de la aviación civil mexicana y la Cámara Nacional del Aerotransporte (CANAERO) que agrupa a la mayoría de los actores de esta industria en nuestro país?
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