¿Qué gobierno en sus cinco sentidos no sería muy cuidadoso con el acceso a su espacio aéreo de aeronaves provenientes de naciones cuya autoridad aeronáutica no es lo suficientemente sólida como para garantizar la seguridad de los operadores?
La posibilidad de una nueva auditoría por parte de expertos de la OACI durante el año 2020 es latente y preocupante; bastante trabajo le costó a la entonces DGAC recuperar la primera categoría luego de haberla perdido ese mismo año como consecuencia de una muy mala y añeja gestión, para ahora tener que volver a pasar por lo mismo.
Y es que hay que decirlo, por más bien intencionado que ha sido el esfuerzo de quienes tienen a su cargo el futuro de la aviación civil mexicana, comenzando por experimentados y competentes funcionarios como el ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el licenciado Rodrigo Vázquez Colmenares, primer titular de la AFAC, ya entrado el segundo año de la nueva administración federal, las señales que emanan de la agencia no son muy alentadoras.
Lo anterior quizás se debe a factores fuera del control de estos funcionarios y más bien relacionados con un problema orgánico y estructural propio de la gestión pública mexicana y que por ahí estaría impidiendo que la autoridad aeronáutica mexicana haga ese giro de 180 grados que se pensaba realizaría, traduciéndose básicamente, por lo menos hasta lo que hemos percibido, en un cambio de estructura y de nombre, pero conservando los vicios, ineficiencias y limitaciones de su antecesora, en perjuicio de nuestra aviación civil, lo cual, en mi opinión, no es una buena noticia.
A ver qué tal nos va con la OACI. Estaremos pendientes.
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