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En abril de 2019 la Administración Portuaria Integral (API) Baja California Sur licitó el servicio de remolcadores para las embarcaciones que utilizan sus puertos, principalmente Pichilingue, por donde se abastece vía marítima poco más del 70% de las mercancías que se consumen en el estado. La medida incluye también a La Paz, Punta Prieta y San Juan de la Costa.
En mayo de 2020, con algunos retrasos, Compañía Marítima del Pacífico, filial de Grupo Boluda, comenzó a brindar el servicio de remolcadores luego de adjudicarse el contrato derivado de la licitación de la API, con lo que se encareció la logística en la región, ya que las navieras transfirieron los sobrecostos directamente a las tarifas.
Blanca Guerrero, directora comercial de Transportación Marítima de California (TMC), una de las navieras que transporta tractocamiones y cajas entre Mazatlán y Topolobampo, en Sinaloa, y Pichilingue, en BCS, sostuvo que la afectación proviene de los 3 puertos, donde se impone el servicio pese a que, afirmó, sus barcos cuentan con la tecnología para ser autónomos en su maniobrabilidad, al igual que los cruceros que están exentos del uso de remolque. “Cabe mencionar que el costo de nuestras embarcaciones y sus seguros tienen implícita la seguridad necesaria para navegar sin el uso obligatorio de estos”, sostuvo.
“En los 3 puertos se realizaron cambios en las reglas de operación de manera interna, sin la mediación de un estudio socioeconómico que señale las razones del impacto económico a los usuarios y a las navieras. El uso obligatorio de los remolcadores a embarcaciones que no los requerimos aumenta de un 25% a 38% el costo de los gastos operativos, lo que implica que este porcentaje se traslade a los usuarios del servicio, al final, somos los consumidores los directamente afectados”, enfatizó Blanca Guerrero a T21.
Por su parte, Ariel Pozo, director general de Baja Ferries, otra de las navieras que brinda el servicio marítimo entre los 3 puertos, recordó que la obligatoriedad del uso de los remolcadores se dio justo cuando la pandemia por COVID-19 reducía los volúmenes de carga en los barcos, por lo que la empresa se vio también en la necesidad de aumentar sus tarifas.
“Eso significó un incremento en nuestros costos de operación que se tuvo que transferir a los clientes, pero fue una decisión que no toma la empresa sino un cambio en las reglas de operación en el puerto de Pichilingue. Esto implicó para nosotros tener que transferir casi un 4.87% de incremento a la tarifa que fue ejecutado en junio (2020) en función de cómo se aplicó el servicio de remolcadores, pero el impacto total es casi del 9%, una parte absorbida por Baja Ferries y otra parte la ha tenido que transferir al precio”, resaltó el directivo.
En entrevista previa con T21, Ariel Pozo insistió en que la medida tomada por la API derivó en un “impacto fuerte” a la estructura de costos de Baja Ferries y también consideró que, por las características del puerto y de los barcos, el uso de remolcadores no es necesario.
“Establecimos claramente que no era necesario para nuestras embarcaciones, que tienen una capacidad de maniobra en puertos donde realmente las condiciones climáticas adversas son muy extrañas. Hoy la verdad es que estamos utilizando el servicio porque es una modificación de las reglas portuarias que lo hace obligatorio, consideramos que su aporte a la mejora en las condiciones de seguridad no son relevantes por las características de nuestras embarcaciones, porque el canal de navegación en Pichilingue es extremadamente corto, cualquier barco que se despega del muelle prácticamente está enfilado hacia la boya de recalada, pero finalmente son las reglas de operaciones del puerto que imponen su uso”, destacó.
De acuerdo con las tarifas registradas por la prestadora del servicio, Compañía Marítima del Pacífico, y autorizadas por la Dirección General de Puertos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en marzo de 2020, la tarifa para ferries o transbordadores incluye un 30% de descuento en función de las que paga un buque de carga.
Sin embargo, la tarifa para ferries o transbordadores va desde los 25,740 pesos para barcos de menos de 5,000 Toneladas de Registro Bruto (TRB), hasta los 102,602 pesos para los barcos de más de 40,000 TRB, abarcando 9 rangos de precios con base el TRB. Para los buques de carga las tarifas van desde los 36,771 y hasta los 146,574 pesos según su TRB.
Las cuotas establecidas son aplicables las 24 horas todos los días del año y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El servicio consiste en acoderar el o los remolcadores necesarios para conducir y/o apoyar a la embarcación, desde o hasta el lugar que indique la autoridad marítima competente, el capitán del buque o el piloto de puerto y pueda concluir cada una de las maniobras requeridas para efectuar su atraque, desatraque o fondeo.
Pese a que estas 2 navieras, que utilizan al puerto de Pichilingue desde hace por lo menos 2 décadas manifiestan que sus barcos no requieren del servicio, las cuotas establecidas de remolque son aplicables por cada servicio de entrada, salida o movimiento en los recintos portuarios y terminales que tutela la API BCS. Los cruceros permanecen prácticamente exentos.
En tanto, con base en la licitación, la prestadora del servicio paga a la API una contraprestación, en moneda nacional, más los impuestos correspondientes, la cual se integró por una cuota inicial y una cuota variable, consistente en un porcentaje del 5% de los ingresos brutos que, antes de IVA, obtenga por la prestación del servicio.
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