![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/AgentesAduanales-Previo_2.jpg)
En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Twitter: @BetoZanela
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En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
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En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
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En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
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En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Twitter: @BetoZanela
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En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
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En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Twitter: @BetoZanela
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/AgentesAduanales-Previo_2.jpg)
En un comentario emitido al “Acuerdo que establece los Lineamientos aplicables para verificar la masa bruta de los contenedores con carga, antes de su embarque para transporte marítimo”, sometido por la SCT ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la ANTP expresó que “es de vital importancia” que se tomen en cuenta sus consideraciones para no limitar el movimiento de mercancías; no sin antes dejar claro que no va en contra del objeto del acuerdo, que es preservar la seguridad del buque y sus trabajadores.
No obstante, la ANTP advierte que no existe fundamento jurídico para la emisión del Acuerdo, ya que en términos de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, debe ser expedido como Norma Oficial Mexicana al tratarse de especificaciones relacionadas con patrones de medida y su verificación; más aún cuando por el impacto regulatorio que contiene el proyecto, debe ser sujeto a consulta pública y de notificación a los socios comerciales de México.
“No se tiene conocimiento que el Gobierno Federal haya solicitado previamente la enmienda con la industria del transporte terrestre y con el usuario, al cual quieren responsabilizar en un proceso que le corresponde al prestador de servicio, como ejemplo: en las definiciones no es claro el carácter de expedidor y embarcador, o si estos son sinónimos para el generador de la carga, quien contrata el servicio. Es indispensable su claridad para el descargo de responsabilidad, ya que a éste sólo le corresponde declarar el peso de su carga tal como lo hace en autotransporte, de conformidad con la normatividad vigente de pesos y dimensiones”, subrayó la asociación.
Asimismo, la ANTP insistió en que el tenor de este proyecto es trasladarle mayores responsabilidades a los dueños de la carga, o a los contratantes del servicio de transporte, a través del uso de una báscula de un tercero, sin que se tenga la certeza de que exista la oferta suficiente, con el riesgo de favorecer mercados regionales.
“Nos oponemos a los métodos de pesaje que aquí se exponen (no al objetivo) ya que generan mayores costos y hay una gran probabilidad de que se incremente los tiempos de traslado, estadía en puertos y volúmenes en tránsito. Debe consultarse a la Dirección General de Autotransporte Federal para evitar incompatibilidades con el reglamento de pesos y dimensiones en carreteras”, agregó.
Además, acentuó que aun cuando el proyecto se identifica para la exportación, en uno de sus artículos determina que aplica también para cabotaje, por lo que consideró que la normatividad aplicable para la determinación de los pesos debe ser homóloga al que se utilice para el autotransporte, con declaraciones y responsabilidades determinadas al generador de la carga y al prestador de servicio.
La ANTP también recalcó que es necesario que la Secretaría de Economía publique en el Diario Oficial de la Federación el registro de los instrumentos para pesar que cuenten con aprobación de modelo o prototipo, así como los instrumentos para pesar que hayan sido calibrados y verificados.
Alerta escasez
Con base en sondeos realizados entre sus agremiados, la ANTP advirtió que no existen las suficientes básculas en el país para hacer frente a la demanda de pesaje, por lo que urgió a considerar un método más de pesaje.
Según sus análisis, sólo en el puerto de Manzanillo se necesitarían 570 operaciones de pesaje por hora, y sus asociados estiman que no existen las suficientes básculas para cubrir la demanda. Como resultado, se están incrementando las operaciones a los exportadores, así como sus tiempos de respuesta, generando un aumento en costos y una reducción de los niveles de servicio.
“Nuestra propuesta se centra en un método 3, en donde exista un esquema de autorregulación en las empresas generadoras de la carga y contratantes del servicio, declarando el peso de sus mercancías bajo protesta de decir verdad y puedan embarcar sus contenedores sin ser responsables de pesarlos ya sea vacíos y/o con el peso de la carga”.
Así, acotó la ANTP, las empresas podrían utilizar los equipos de pesaje certificados, emitir sus tickets de pesos, embarcar, y eventualmente poder recibir auditorías por parte de la autoridad para corroborar que todo esté en orden.
Por último, el comentario emitido por Patricia Vizcaya Ángeles, Gerente Jurídico y de Normatividad de la ANTP, exhorta al titular de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, a estimar conveniente que antes de expedir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre el acuerdo, se analicen los comentarios de los transportistas privados, debido a que dicha regulación trae consigo nuevas cargas administrativas en su calidad de contratantes de los servicios, lo que impacta en sus costos, tiempos y logística.
El pesaje de contenedores es la nueva regulación que se habrá de cumplir a nivel mundial a partir del 1 de julio de 2016, con base en la última enmienda al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Twitter: @BetoZanela