La aparición reciente de políticas públicas locales que pretenden regular el tránsito de vehículos de diferentes configuraciones en las grandes ciudades, merman la competitividad y el crecimiento de todos los actores involucrados en las actividades de cadena de suministro de los sectores productivos. Especialistas, empresarios, académicos han criticado y alertado sobre los efectos negativos de esta situación, pero desde la parte gubernamental, en sus distintos niveles, no parece haber respuestas inmediatas.
Dado que el consumo interno representa alrededor de dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB) en México, y éste se concentra principalmente en las grandes urbes, los cambios en la movilidad urbana de mercancías tendrán una implicación positiva o negativa en la economía del país.
Políticas públicas que restringen los horarios de entrada de los camiones de carga, como la Ciudad de México o Monterrey y municipios aledaños, han sido criticadas por la parte empresarial por ser restrictivas, dañinas para sus negocios, y de ser medidas meramente recaudatorias.
Ha sido una incapacidad de los gobiernos de ordenar verdaderamente la movilidad”, afirma Jens Grimm, Presidente de Estafeta, y calcula que tan sólo por un camión pagaría hasta 400 mil pesos anuales por circular en la Sultana del Norte.
“Tienen la intención de mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas, (pero) muchas veces esas políticas no se conllevan con una logística eficiente y barata”, agrega Hugo Ruiz, Director de Logística y Servicio al Cliente de Colgate Palmolive, empresa que concentra entre el 35 y 40% de su ingreso en las urbes mexicanas.
Este texto pertenece a la edición impresa del mes de agosto de 2017 de la revista T21, si deseas continuar leyéndolo te invitamos a dar clic en este link (página 42 a 44).
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