El pasado jueves 28 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la última prórroga de este sexenio al “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera” que inicialmente fue publicado el 18 de octubre de 2021 y modificaciones posteriores, mediante el cual se extiende su vigencia hasta el último día del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al 27 de marzo esta medida ha legalizado el contrabando de dos millones 161 mil 251 vehículos, cantidad mucho mayor a la que se estimaba existía al momento de la emisión del primer decreto en 2021, por lo que en el proceso no se limitó que continuara el contrabando automotriz.
Además de fomentar una actividad ilegal del crimen organizado, por su bajo precio, los vehículos ingresados al país de forma ilegal han sido aquéllos cuyas condiciones fisicomecánicas ya no son aptas para continuar circulando en su país de procedencia o han sido catalogados como “salvage”, como consecuencia de un siniestro de tránsito en la que sus condiciones de seguridad se han visto comprometidas permanentemente. En su proceso de internación a estos vehículos se les remueve su convertidor catalítico pues contiene metales con un valor considerable.
Lo anterior implica que de suyo esos vehículos de contrabando que han sido legalizados son un riesgo para la seguridad vial al tener comprometidos sus sistemas de seguridad, así como un atentado contra la salud por ya no contar con uno de los dispositivos anticontaminantes.
Además, por su bajo costo, llegan al mercado de vehículos mexicanos a dañar el valor de reventa de los vehículos adquiridos legalmente en el país, lo que ha resultado en un daño económico para los millones de mexicanos que adquirimos nuestro vehículo legalmente en nuestro país.
Como bien lo dijo la presidente de la Canacintra, Esperanza Ortega, en su comunicado del 8 de marzo, “la ampliación por 7 meses más del decreto denota el fracaso del mismo, en beneficio de las mafias que controlan su traslado y comercialización, en complicidad de autoridades federales, estatales y municipales que no hacen nada por evitar su ingreso e incautación”.
Esperamos que los candidatos a la presidencia del país tomen en cuenta la modernización del REPUVE (Registro Público Vehicular) haciendo las inversiones y las reformas institucionales necesarias para su seguro funcionamiento, lo que en verdad ayudaría a darle certidumbre a todos los mexicanos sobre el estado legal de sus vehículos en vez de la regularización sin fin y todas las consecuencias negativas que ha generado.
Salvador Saavedra C. es presidente del Sector de la Industria Automotriz de Canacintra.
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