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El Gobierno federal aseguró que no expropió los tres tramos ferroviarios de Ferrosur, sino que se recuperó una concesión que tenía Grupo México, quien pretendía un cobro de nueve mil 500 millones de pesos por derechos de paso.
“Estamos en una zona estratégica y llegó el asunto a que ya no le contestaban (Grupo México) el teléfono al secretario de Gobernación y eso está mal. Les dijimos vamos a arreglarnos y como no había respuesta o había como ellos dicen que nos daban la pasada; no estamos pidiendo el derecho de paso. Este tramo de concesión tiene que restituirse y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía que es de la nación y va a regresar al dominio de la nación”, fue la versión comentada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en su conferencia matutina.
Sostuvo que lo anterior es por seguridad nacional e interés público y es “completamente constitucional y legal”.
Afirmó que ya estaba el acuerdo con Grupo México y hace dos meses, que durante una comida que realizó con empresarios del país, Germán Larrea no asistió a este acto donde se firmó el decreto por el que declara al Tren Maya, al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo; como obras de seguridad nacional y de interés público.
Adelantó que esperan una respuesta de Grupo México para llegar a un acuerdo, sin embargo los trenes continúan operando de manera normal y la presencia de la Marina es para “cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones, y esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, si ellos cumplen con cuatro requisitos o recomendaciones. No es un pleito con Germán Larrea”.
López Obrador reiteró que en donde sí se ha llevado a cabo la expropiación de terrenos es en el tramo del Tren Maya, en donde hasta el momento se han realizado cerca 100 acciones como esta, en donde se ha llegado a un arreglo para la indenmización.
El pasado 19 de mayo de este año cuando el Gobierno federal declaró la ocupación temporal, bajo sus principios de seguridad nacional, los tramos de las líneas Z, ZA y FA que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente, a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para el Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
AMF pide certeza jurídica
Por su parte, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) hizo un llamado al Gobierno federal a trabajar por el desarrollo del país, y expresó su total rechazo ante la orden de ocupación ejecutada el pasado 19 de mayo por parte de la Marina en tramos ferroviarios concesionados a Ferrosur de Coatzacoalcos a Medias Aguas.
“La medida hace daño a México al poner en entredicho la certeza jurídica que es condición indispensable para todo negocio y proyecto de inversión, como es el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mismo que requiere de la inversión privada en los polos de desarrollo, operaciones portuarias, logísticas y ferroviarias, para generar tracción en el sur-sureste”, afirmó.
La Asociación Mexicana de Ferrocarriles hace un llamado al Gobierno de México @GobiernoMX a trabajar por el desarrollo del país a partir de la certeza jurídica. @SEMAR_mx @SE_mx @SEGOB_mx @SICTmx pic.twitter.com/GVJ6Om67zr
— AMF (@AMFerrocarriles) May 22, 2023
En un comunicado, insistió en la instrumentación de acciones y políticas públicas que fomenten la competitividad, garanticen condiciones de seguridad, así como certeza para un sector estratégico como el ferroviario, intensivo en capital y cuyos buenos resultados a lo largo de más de dos décadas lo ha convertido en referente internacional de eficiencia en el proceso de integración de Norteamérica.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió que se respete el Estado de Derecho, y afirmó que esta acción de la autoridad debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y evitar así una arbitrariedad.
“Cada vez son más frecuentes y graves los intentos por vulnerar el Estado de Derecho en nuestro país. El poder y las acciones de un gobierno están limitados y regulados por las leyes y normas, que deben ser aplicadas de manera justa e imparcial a todos los ciudadanos por igual”, se lee en el posicionamiento del organismo.
En este sentido, comentó que es de extrema preocupación para el país la reiterada violación a la legalidad y al orden constitucional, ya que las leyes se crearon para darle orden y cohesión la sociedad, “por lo que es totalmente reprobable que desde la autoridad se pretenda romper con ello”.
No obstante, coinciden con la autoridad en la necesidad de impulsar el desarrollo de las regiones menos favorecidas, pero debe ser mediante el diálogo como pueden resolverse los problemas.
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