Existen dos grandes parámetros para medir la rentabilidad de un servicio, especialmente uno provisto por una entidad estatal o uno provisto por una entidad privada con apoyo gubernamental; por una parte, tenemos a la más clásica de las rentabilidades: la financiera, es decir, ganar dinero, mientras que, por la otra, a la social, es decir, que el mismo contribuya al bienestar de la población.
El problema se complica cuando un servicio simple y sencillamente no va a registrar números negros en sus estados financieros, sino que, además, lo que aporta a la comunidad que sirve es menor a lo que traería de bueno la aplicación de los mismos recursos en otros rubros. En mi opinión, a excepción del corredor Cancún-Tulum, el llamado Tren Maya en función de su demanda, tarifas y frecuencia de recorridos, no va a ser sostenible ni financiera, ni socialmente. ¿Qué decir del tema de la sustentabilidad o, dicho de otra manera, del impacto negativo que este servicio ya ha tenido, tiene e invariablemente tendrá en el medio ambiente natural de la península de Yucatán, mismo que tal y como diversas voces expertas en la materia han denunciado, que aún los más optimistas pronósticos de generación de empleo y bienestar social no logran compensar?
El origen de esta entrega tiene que ver con la publicación de notas periodísticas que refieren que, con motivo de la puesta en operación del primer tramo del Tren Maya el pasado 15 de diciembre, su director general detallo que helicópteros, drones y casi tres mil elementos de la Guardia Nacional garantizarán la seguridad de este ferrocarril.
¿Tiene usted una idea de lo que esto representa en materia de recursos fiscales estimado lector? Si bien no tengo un dato exacto, lo cierto es que me parece que no estamos hablando de montos menores, sino de cantidades de dinero y distracción de recursos humanos que bien podrían ser empleados en atender necesidades de seguridad en México, mucho más apremiantes, comenzando por la seguridad en carreteras.
No hay que olvidar que por sus características y más en naciones tan débiles en la materia como la nuestra, el ferrocarril resulta particularmente vulnerable a los ataques de interferencia ilícita, tan inocentes como puede ser el cruce indebido de las vías por parte de pobladores o tan criminales como el sabotaje.
Lo he expresado anteriormente en mis columnas: la península de Yucatán, más que un nuevo ferrocarril, necesita mejores y mucho más seguras carreteras y autopistas.
Hago votos para que quien se haga cargo del Ejecutivo federal a partir de este 2024 se deje de caprichos y comprenda que hay mejores maneras de emplear los escasos recursos fiscales de los mexicanos.
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