Por si algo faltara para enviar malas señales al mundo de cómo se aplica aquí el Estado de Derecho, las empresas ferroviarias recibieron el pasado lunes 20 de noviembre el decretazo que ya se había anunciado previamente, sobre la nueva ocurrencia de este gobierno de rescatar a estas alturas el transporte ferroviario de pasajeros sobre las mismas vías concesionadas para el movimiento de mercancías.
¡Vaya despropósito! Cuando se cree que todo es fácil como para extraer petróleo basta hundir un popote en la tierra y ya, se toman este tipo de decisiones que no van a tener un impacto social positivo, sino comprometer más las finanzas públicas para el próximo gobierno con el nivel de subsidio público que requieren los trenes de pasajeros para operar. A la par, estaríamos perdiendo eficiencia en la operación de nuestros trenes de mercancías sobre los cuales recae gran parte de la responsabilidad de hacer posible el dinamismo que tiene nuestro comercio exterior.
Por donde se le vea, esta es una mala idea que, de imponerse, solo terminará afectando la operación de nuestros trenes de mercancías que son hoy eficientes y productivos, y dañando aún más de cómo quedarán al cierre de este sexenio las finanzas públicas. En 1995, antes de la privatización de nuestras vías, ya resultaba más barato para el Estado pagar la tarifa de Aeroméxico para los pasajeros de los antiguos Ferrocarriles Nacionales de México en la ruta Ciudad de México-Saltillo, que moverlos sobre las vías por el tamaño de subsidio que demanda el movimiento de pasajeros por vía férrea. Y esa historia era exactamente igual en el resto de las rutas. Quien primero debería de evaluar la viabilidad económica de la kafkiana idea debería de ser el Estado y dejar de gobernar por ocurrencias.
Poquito más de conciencia para el transporte marítimo
La importación temporal de buques para rutas o servicios de cabotaje específicos, donde no existe un mercado que justifique en el largo plazo contar con un tipo de barco o artefacto naval de bandera nacional, sigue siendo un problema para las empresas que tienen estas necesidades particulares, debido a los tiempos que el trámite demora y que impacta los costos del importador.
Ejemplos se dan en distintas partes de nuestro litoral. Los costos de una embarcación diaria oscilan entre los 20 mil y los 35 mil dólares diarios. Si estas embarcaciones deben de estar fondeadas a la espera de la conclusión del trámite de importación temporal por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el costo de ello puede consumir la utilidad de la operación o encarecer la prestación del servicio en detrimento del costo logístico que tenemos como país.
Un poco más de conciencia de la autoridad sobre este particular tema se agradecería de parte de las empresas que están dedicadas a la prestación de servicios de transporte marítimo que tenemos en nuestro país, y las cuales, desafortunadamente no son muchas debido a lo complejo que resulta el negocio, pero el cual es indispensable para muchas actividades de comercio doméstico y exterior. Agilizar los trámites redundaría para un mejor flujo de nuestras operaciones comerciales.
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