Air Canada consideró que el posible decreto del Gobierno federal para sacar la carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no representa una solución de fondo a la problemática actual de dicha infraestructura, además solicitó a las autoridades subsidios para realizar dicha migración.
“Solicitamos al Gobierno federal la necesidad de otorgar determinados subsidios que permitan que dicha migración resulte económicamente viable para los operadores aéreos exclusivos de carga, permitiendo con ello la continuidad de la referida operación de carga en territorio mexicano, en beneficio de la economía mexicana y la rentabilidad de la operación aérea”, dijo Andrea Valencia Sánchez, apoderada legal de la aerolínea, en comentarios vertidos en el anteproyecto presentado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
Aunado a lo anterior, mencionó que los presupuestos para la operación de transporte aéreo de carga para el año 2023 se encuentran debidamente proyectados y aprobados, mismos que no contemplan el impacto económico antes descrito, lo cual, en un periodo aún de recuperación postpandemia “podría poner en riesgo la continuidad de la operación aérea, afectado con ello no sólo a la situación financiera de las empresas en lo particular, sino adicionalmente a la derrama económica del Estado mexicano”.
Además, dijo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) actualmente se encuentra en consecución e implementación de procesos de infraestructura, certificaciones, lineamientos de operación y regulación operativa que permitan la adecuada operación del transporte aéreo de carga en condiciones técnica-operativas alineadas con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la demás normatividad aplicable.
“Solicitamos la confirmación de que se cuenta con los lineamientos de operación necesarios, suficiente personal capacitado, infraestructura y procesos adecuados y debidamente habilitados en la terminal de carga del AIFA, así como por parte de la autoridad aduanera y de las agencias de carga para la migración de las operaciones, bajo las mismas condiciones en las que actualmente se llevan a cabo estas en el AICM”, apuntó.
De igual manera, mencionó que los 90 días hábiles son insuficiente para lograr una migración, por lo que para que sea seguro, eficiente y rentable, por lo menos se necesitan 360 días, o por lo menos 180 días hábiles, los cuales permitirán planificar y concluir los procesos de seguridad y logística que implica la reubicación de una terminal aérea.
Andrea Valencia Sánchez dijo que esta medida no representa una solución de fondo a la problemática de saturación del aeropuerto capitalina, ya que esta versa, principalmente, en operaciones y horarios destinados al transporte aéreo de pasajeros.
Sobre el Análisis de Impacto Regulatorio, expuso que este no contempla un análisis integral y apegado a la realidad de los costos-beneficios de dicha migración; puntualizó la falta de información sobre la conectividad existente entre la carga transportada por operadores aéreos de transporte combinado y los operadores de transporte exclusiva de carga; los costos en el transporte de las mercancías desde y hacia la Ciudad de México así como el incremento de los plazos de conexión, mismos que deberán ser repercutidos al consumidor o destinatario final.
Así como los posibles costos administrativos y económicos relacionados con la contingencia laboral derivada de la necesidad de renegociar contratos laborales existentes, o en su caso, la contratación de nueva fuerza laboral en virtud de la reubicación del lugar de la prestación de servicios.
También el incremento de los costos y recursos por la duplicidad de aeropuertos en los que se llevan a cabo operaciones combinadas y la necesidad de celebrar contratos, o en su caso renegociar contratos de prestación de servicios en tierra con proveedores debidamente certificados en aeropuertos distintos al AICM, entre otros.
Pablo Casas Liás, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), sostuvo que no se debe de aprobar el proyecto de decreto, ya que se trata de una decisión unilateral, en donde durante el proceso de elaboración la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reconoce que no llevó a cabo consultas con las partes o grupos de interés del sector aéreo.
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