En México, unos 311 municipios participan en la sobrerregulación que padece el sector del autotransporte. Le exigen permisos de carga, descarga y circulación que van desde los mil pesos y hasta los dos millones 623 mil 900 pesos anuales por flota (de aproximadamente 80 unidades); esta cifra también contempla las restricciones de horarios de circulación de los vehículos. La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) ha previsto que tan sólo el 7.2% de los municipios en el país requieren permisos locales para distribución secundaria.
Estas disposiciones por parte de autoridades locales van en contra de lo estipulado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), que entre otros objetivos busca homologar las reglas en la circulación de vehículos pesados, que en su artículo 31, párrafo IX, determina que se deben “promover acciones para hacer más eficiente la distribución de bienes y mercancías (…) minimizar los impactos negativos de los vehículos de carga en los sistemas de movilidad; así como evitar gravar y sobrerregular los servicios de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares regulados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)”.
En opinión de Patricia Vizcaya, directora Jurídica y de Normatividad de la ANTP, esta sobre aplicación de políticas de gobiernos locales afecta directamente los modelos de negocio y la operación diaria del transporte de carga. “En muchos de los casos no solamente es un permiso adicional o restricción de horarios para ingresar, también limitan vialidades que ya estaban consideradas en la bitácora de viaje por lo que se tiene que modificar la ruta, esto genera retrasos en las entregas y el riesgo de no poder cargar o descargar”, asegura.
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