Guillermo Berriochoa, presidente del Grupo Transportes Inter-Mex, señaló que luego de una votación entre 11 jueces estadounidenses, con el resultado de 6-5, la corte de justicia con sede en Washington, DC decidió que el gobierno mexicano debe llevar a cabo la demanda, dado que el acuerdo comercial se dio entre autoridades gubernamentales de ambas naciones y no del gobierno con particulares.
De acuerdo al antecedente, el 18 de diciembre de 2002, los transportistas mexicanos interpusieron una demanda tipo “class action” por US $4,000 millones de dólares en contra de funcionarios del Gobierno Federal de Estados Unidos y en contra del propio Gobierno Federal por violación a los derechos civiles de un grupo representativo de la industria del autotransporte de carga mexicana y por incumplimiento al apartado referente al transporte en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Berriochoa señaló que analizará los canales para interponer la demanda, ya sea a través de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) o directamente a través del Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, quién hace una semana en reunión con transportistas ofreció un grupo de abogados para que lleven a cabo la demanda.
Según los abogados, la demanda se puede ganar ya que en ningún momento la corte de ese país revocó los argumentos de violación a los derechos civiles, ni tampoco el de daño ocasionado a las empresas.