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En días posteriores al envío de las iniciativas constitucionales desde el Ejecutivo federal, he escuchado diversas opiniones y posturas respecto de ellas, desde quienes las apoyan, las cuestionan y quienes dicen que las van a estudiar para opinar.
Tomando en consideración que quien es electo presidente de México, durante su campaña proselitista hace promesas a sus electores, que al inicio de su mandato tiene la obligación de presentar un plan “sexenal” en el que indique cómo será su gobierno y qué objetivos pretende cumplir durante su mandato y que derivado de esas promesas y ese plan, debe identificar los cambios legales y constitucionales que requiere para lograr lo que en su plan “sexenal” ha planteado, es que soy de la opinión de que las iniciativas enviadas no tienen razón de ser para el logro del cumplimiento del plan “sexenal” del presidente López Obrador.
Los cambios que plantea en sus iniciativas ya no incidirán en su administración, sino que darán “línea” a las administraciones siguientes, sean de su partido o no, por lo que está maniatando a quien sea electo el próximo 2 de junio.
Opino que mandar iniciativas de cambios legales y constitucionales al cierre de un ciclo de mandato presidencial denota el deseo de perpetuar sus deseos de gobernar y aferrarse a una función que tiene un ciclo que termina.
Si el partido del presidente y su candidata están convencidos de que los cambios son necesarios para los logros de sus promesas de campaña (que aún no conocemos) y por tanto para su plan “sexenal”, entonces quien debiera hacer las propuestas de cambio debería ser quien resulte electo para ser presidente, si así lo decide.
Entre tanto, mi postura es que levantemos la voz pidiendo al presidente López Obrador que retire las iniciativas enviadas por no ser congruentes con el periodo constitucional por el que fue electo presidente, pues las mismas no estarían en efecto en tiempo para que sean un impulso a las acciones de su plan “sexenal”.
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