El negocio, que pretendía obtener para el gobierno federal -propietario de los terrenos- más de mil millones de dólares, se cayó luego de 11 días de protestas y manifestaciones en contra que generaron disturbios y la muerte de tres personas, lo que llevó al presidente Ricardo Martinelli a derogar el decreto que él mismo aprobó el pasado 18 de octubre y que originó el descontento social, al no ser explícito sobre sí habría beneficios para la comunidad de Colón.
La ZLC y los puertos ubicados en la costa atlántica de este país son las principales fuentes de empleo para los habitantes del municipio de Colón, el cual recibe apenas 33 millones de dólares anuales en arrendamiento de los terrenos, mientras se estima que los negocios realizados suman 33 mil millones de dólares anuales.
Ayer comenzó aquí el diálogo entre el gobierno del presidente Martinelli y los organismos sociales representantes de la ciudadanía de Colón para buscar una solución de fondo a un problema que se destapó con el decreto de la discordia: el abandono en que se encuentra el municipio de Colón en su infraestructura urbana.
La intención es encontrar mejores fórmulas para que no sea exclusivamente el trabajo el beneficio que se derrama a la población de Colón por las operaciones de la ZLC, a donde llegan unos 250 mil compradores al año y tiene mil 751 empresas.
Colón es una ciudad que vive del comercio internacional y las actividades logísticas. Todos los días se comercializan aquí millones de dólares en productos electrónicos, ropa, zapatos, juguetes, licores, cigarrillos, joyas y productos farmacéuticos.
Los productos llegan aquí procedentes de Japón, China, Hong Kong, Taiwan, Corea, Francia y México, y luego son redistribuidos a los países de Centro, Sudamérica y el Caribe. Colombia es el principal comprador. El vecino país del sur se lleva el 16% de todo lo que llega a la ZLC.
Todos los días un ejército de personas realizan actividades de importación, almacenaje, etiquetado, ensamble, embalaje y exportación de artículos a una treintena de países por vía marítima y aérea.
Colón se ha convertido en el principal centro de redistribución de productos farmacéuticos para América Latina, aprovechando su ubicación estratégica en el centro del continente americano. Pero de toda esta actividad, los grandes beneficiarios son las empresas que tienen sus domicilios en la ciudad de Panamá y sólo sus operaciones en la ZLC, y por cuyas actividades de comercio internacional no pagan impuestos y generan apenas una pequeña derrama al subdesarrollado municipio de Colón.
La esperanza legítima de los colonenses es que de la mesa de diálogo con el gobierno resulte un plan que los lleve a obtener un mayor beneficio para su comunidad de los negocios que se realizan todos los días en su ciudad, algo que se ve difícil considerando que todas las actividades de la ZLC están exentas de impuestos, inclusive las actividades de logística y esa es la naturaleza misma de la zona franca. El dilema es ahora de la autoridad.