“Con la finalidad de hacer un manejo más eficiente de los recursos, se fija un aprovechamiento a cargo de la API de… por la cantidad de … millones de pesos”. Sentenciaba cada una de ellas.
Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
El creciente puerto sonorense de Guaymas tendrá que desprenderse conforme a la solicitud, de 40 millones de pesos; y Topolobampo, Altamira y Ensenada, cada una con 30 millones de pesos, mientras que Salina Cruz y Puerto Chiapas, no fueron considerados por la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, en lo que podemos calificar como la única acción congruente.
Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
Si las cosas en algunas API´s ya se venían haciendo con la pura inercia, ahora sin recursos importantes, algunos puertos sentirán haber terminado el sexenio mucho antes de tiempo.
“Con la finalidad de hacer un manejo más eficiente de los recursos, se fija un aprovechamiento a cargo de la API de… por la cantidad de … millones de pesos”. Sentenciaba cada una de ellas.
Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
El creciente puerto sonorense de Guaymas tendrá que desprenderse conforme a la solicitud, de 40 millones de pesos; y Topolobampo, Altamira y Ensenada, cada una con 30 millones de pesos, mientras que Salina Cruz y Puerto Chiapas, no fueron considerados por la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, en lo que podemos calificar como la única acción congruente.
Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
Si las cosas en algunas API´s ya se venían haciendo con la pura inercia, ahora sin recursos importantes, algunos puertos sentirán haber terminado el sexenio mucho antes de tiempo.
“Con la finalidad de hacer un manejo más eficiente de los recursos, se fija un aprovechamiento a cargo de la API de… por la cantidad de … millones de pesos”. Sentenciaba cada una de ellas.
Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
El creciente puerto sonorense de Guaymas tendrá que desprenderse conforme a la solicitud, de 40 millones de pesos; y Topolobampo, Altamira y Ensenada, cada una con 30 millones de pesos, mientras que Salina Cruz y Puerto Chiapas, no fueron considerados por la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, en lo que podemos calificar como la única acción congruente.
Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
Si las cosas en algunas API´s ya se venían haciendo con la pura inercia, ahora sin recursos importantes, algunos puertos sentirán haber terminado el sexenio mucho antes de tiempo.
“Con la finalidad de hacer un manejo más eficiente de los recursos, se fija un aprovechamiento a cargo de la API de… por la cantidad de … millones de pesos”. Sentenciaba cada una de ellas.
Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
El creciente puerto sonorense de Guaymas tendrá que desprenderse conforme a la solicitud, de 40 millones de pesos; y Topolobampo, Altamira y Ensenada, cada una con 30 millones de pesos, mientras que Salina Cruz y Puerto Chiapas, no fueron considerados por la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, en lo que podemos calificar como la única acción congruente.
Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
Si las cosas en algunas API´s ya se venían haciendo con la pura inercia, ahora sin recursos importantes, algunos puertos sentirán haber terminado el sexenio mucho antes de tiempo.
“Con la finalidad de hacer un manejo más eficiente de los recursos, se fija un aprovechamiento a cargo de la API de… por la cantidad de … millones de pesos”. Sentenciaba cada una de ellas.
Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
El creciente puerto sonorense de Guaymas tendrá que desprenderse conforme a la solicitud, de 40 millones de pesos; y Topolobampo, Altamira y Ensenada, cada una con 30 millones de pesos, mientras que Salina Cruz y Puerto Chiapas, no fueron considerados por la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, en lo que podemos calificar como la única acción congruente.
Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
Si las cosas en algunas API´s ya se venían haciendo con la pura inercia, ahora sin recursos importantes, algunos puertos sentirán haber terminado el sexenio mucho antes de tiempo.
“Con la finalidad de hacer un manejo más eficiente de los recursos, se fija un aprovechamiento a cargo de la API de… por la cantidad de … millones de pesos”. Sentenciaba cada una de ellas.
Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
El creciente puerto sonorense de Guaymas tendrá que desprenderse conforme a la solicitud, de 40 millones de pesos; y Topolobampo, Altamira y Ensenada, cada una con 30 millones de pesos, mientras que Salina Cruz y Puerto Chiapas, no fueron considerados por la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, en lo que podemos calificar como la única acción congruente.
Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
Si las cosas en algunas API´s ya se venían haciendo con la pura inercia, ahora sin recursos importantes, algunos puertos sentirán haber terminado el sexenio mucho antes de tiempo.
“Con la finalidad de hacer un manejo más eficiente de los recursos, se fija un aprovechamiento a cargo de la API de… por la cantidad de … millones de pesos”. Sentenciaba cada una de ellas.
Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
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Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
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Se trata de la extracción de recursos necesarios para las API´s –una práctica que se está volviendo costumbre- por parte de la administración central, sin mayor explicación que pretextar las facultades que le confiere a la entidad la Ley de Ingresos de la Federación en su Artículo 6º. “El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban”.
Así de fácil, la Secretaría de Hacienda levantará de las API´s mil 665 millones de pesos de aquí al día último de agosto, porque a su parecer, no resulta “eficiente” invertirlo en los puertos del país, aunque no nos diga para qué actividad más rentable los quiere.
El daño provocado, es impactante para algunos puertos que ya tenían comprometidos esos recursos en proyectos de inversión. Algunos incluso, han tenido que solicitar a contratistas la devolución del dinero que ya se pagó, otros han cancelado licitaciones ya adjudicadas para nuevas obras, y otros cancelado proyectos como el dragado de algún muelle o del canal de navegación.
La tabla obviamente no es rasa. Puertos como Manzanillo serán de los más afectados ya que se le solicita un aprovechamiento de 575 millones de pesos. Le sigue Lázaro Cárdenas con 250 millones, y luego Veracruz con 200 millones.
Coatzacoalcos, Tuxpan, y Dos Bocas, Tabasco, tendrán que caerse con su cuerno por 100 millones de pesos, cada uno. Les sigue Tampico con 80 millones de pesos, y después Mazatlán y Progreso con 70 millones de pesos, cada uno.
El creciente puerto sonorense de Guaymas tendrá que desprenderse conforme a la solicitud, de 40 millones de pesos; y Topolobampo, Altamira y Ensenada, cada una con 30 millones de pesos, mientras que Salina Cruz y Puerto Chiapas, no fueron considerados por la subsecretaría de Ingresos de Hacienda, en lo que podemos calificar como la única acción congruente.
Lo más sorprendente es que esto ocurra justo al término del sexenio de la infraestructura, cuando el sentido común nos indicaría que concluiría con mayor intensidad a la mostrada en los meses anteriores, para concluir el mayor número de proyectos antes de que se baje la cortina.
Si las cosas en algunas API´s ya se venían haciendo con la pura inercia, ahora sin recursos importantes, algunos puertos sentirán haber terminado el sexenio mucho antes de tiempo.