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La iniciativa que presentó el senador Marco Tulio Munive Temoltzin, incluye 26 puntos entre los que se proponen modificar el regímen de avalúos, las garantías de las concesiones, el desarrollo de APIS, la delimitación de los recintos portuarios, programas maestros de desarrollo, entre otros.
El senador explicó en entrevista con T21 México ha descuidado el potencial del sector marítimo portuario, sostuvo que según estimaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) prevén que si se llevan a cabo mejoras al transporte marítimo y a la operación portuaria, tales como la revisión aduanal única, la creación de puertos internos, evitar la acumulación de contenedores y la revisión del régimen de concesiones, se produciría una derrama de 205 millones de dólares al año.
En la propuesta se solicita que sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y no la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la dependencia que le compete la delimitación de los recintos portuarios.
Pide que se logre ampliar superficie de las concesiones en los recintos portuarios, hasta ahora ha prevalecido el criterio de no autorizar la ampliación de concesiones en una proporción mayor al 20% de la superficie original. Los muelles deben tener capacidad para recibir barcos de última generación.
En este sentido, en la iniciativa se solicita que la SCT sea la entidad que autorice ampliaciones mayores, por una sola vez en cada puerto, en el caso de cesionarios de terminales o de instalaciones de uso público, cuando se trate del único inversionista interesado, o bien, cuando no existan controversias de competencia económica, pero siempre que existan cuando menos dos terminales o instalaciones del mismo giro en el puerto y así lo ameriten las características de los buques que en ellas se reciban.
La iniciativa también propone que se acote el concepto de terminales, marinas e instalaciones particulares, puesto que el texto original de la Ley de Puertos ha provocado graves simulaciones, que han propiciado que diversas terminales particulares operen como terminales públicas, a través de la celebración de contratos con terceros.