autoridades portuarias de
Secretaría
(SCT), deben debatir muy bien qué tipo de sistema portuario queremos para el
país, antes de que terminen por crear un monstruo.
El tema es
oportuno porque estamos a punto de afectar lo que hasta hoy ha sido el modelo
de privatización más exitoso que el país ha tenido en los últimos 20 años.
Ningún otro ha funcionado tan bien, ningún otro ha coadyuvado al desarrollo
económico del país sin representar algún problema mayor para el gobierno
(rescate de bancos, satélites, líneas aéreas y carreteras, entre otros).
Pero ahora,
desde la autoridad -y ese es el colmo-, se toman decisiones que trastocan el
modelo portuario que ha demostrado, a lo largo de casi 15 años, ser exitoso.
Vamos por
partes.
En octubre
pasado
Portuaria
para licitar la concesión de un muelle para una Terminal de carga general.
Esto es un
derecho legítimo tanto del puerto como de las empresas interesadas para
promover este tipo de concursos, pues se trata de inversiones para el país y
nuevas alternativas logísticas que generan trabajos y derrama económica en esas
regiones.
El problema
que este caso presenta, es que el formato del puerto de Tuxpan y sus
cesionarios, no es similar al que se tiene en Altamira o Veracruz, por lo que
asignar dicha concesión significará una competencia inequitativa para las
empresas instaladas en ambos puertos, que comparten con Tuxpan el mismo mercado
relevante.
Me explico.
El puerto de Tuxpan no es propietario de terrenos, sino exclusivamente es
administrador de la franja de
metros
Tuxpan en su último tramo antes de la desembocadura al Golfo de México. Esta
situación permite que un privado siendo dueño de un terreno colindante con el
frente de agua, pueda solicitar al puerto la licitación del mismo y pagar sólo
una contraprestación a
por el uso y explotación de ese frente de agua, pues los terrenos ya son de su
propiedad.
Por
supuesto, el proceso de licitación resulta relativamente sencillo, porque
equivale a que un municipio licitara la salida a la calle de una cochera, en
donde por lógica, el único interesado será el dueño de la casa o del terreno.
Ese no es
el caso de Veracruz y Altamira, donde las empresas licitaron por una Terminal con
frente de agua y patios incluidos propiedad de
pagar contraprestaciones muy altas que ayudan a la financiación de ambos
puertos y a la realización de importantes obras de infraestructura.
Y ahora,
sino se igualan las condiciones al nuevo competidor que pueda surgir en Tuxpan,
y que es obvio que será el consorcio formado por las empresas SSAMéxico y
Branif, propietarias del terreno que hay trastienda, entonces estaremos
generando una competencia inequitativa a empresas que arriesgaron sus capitales
en México y a las cuales nunca se les informó, que en un momento tendrían un
competidor en medio que puede jugar en el mercado de la carga de contenedores y
general, con un costo de contraprestación cuatro a cinco veces menor al que
pagan ellas.
La solución
en aras de la equidad, es que las contraprestaciones que pague al puerto el
concesionario de Tuxpan, estén equilibradas a las de sus competidores de
Altamira y Veracruz; o que las de éstos se pongan a la par de las que se tendrían
en Tuxpan. No hacerlo significaría incluso que la propia autoridad se dé un tiro en el pié, al reventar a sus cesionarios de Veracruz y Altamira, quienes le pagan renta. Eso es el telón de fondo en este tema, y no otro que se quiera inventar para tender una cortina de humo.
Ya veremos si la autoridad privilegia el interés general sobre el particular.