El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.
El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.
El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.
El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.
El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.
El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.
El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.
El diputado priísta, Adolfo Mota Hernández, mandó dicha propuesta con el fin de que se indague, analice y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De igual forma, el legislador pidió que se impulse el desarrollo de la marina mercante mexicana a través del desistimiento del juicio interpuesto.
Pemex presentó en agosto de este año cuatro demandas de amparo ante juzgados federales solicitando que diversos artículos la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sean declarados inconstitucionales, mismos que establecen la exclusividad de navieros mexicanos con embarcaciones nacionales para las tareas de cabotaje.
Esto porque considera que las disposiciones le causarían perjuicios económicos, toda vez que un gran número de embarcaciones a su servicio son de bandera extranjera. Asimismo, asegura que la consecuencia de la Ley de Navegación será que Pemex esté obligada a contratar navieros nacionales a un precio “mucho mayor” que si las convocatorias de licitación iniciales tuvieran la posibilidad de considerar como licitantes a navieros extranjeros.
Ante este hecho, la Asociación de Armadores Marítimos Mexicanos (AAMMAC) solicitó a las autoridades gubernamentales que se negocie un trato recíproco en navegación de cabotaje con Estados Unidos, ya que actualmente un gran número de embarcaciones con bandera americana realizan este tipo de tráfico en nuestro país.
El presidente de la AAMAC, Juan Pablo Vega Arriaga, indicó que debería existir un esquema similar para que las navieras mexicanas puedan tener permisos para cabotaje en Estados Unidos, pues si bien la nueva Ley de Navegación restringe el número de permisos a buques extranjeros, se siguen expidiendo por hasta dos años, mientras que en el país vecino del norte se reserva totalmente para empresas nacionales.
De acuerdo con el directivo, se estima que por contratar barcos de bandera extranjera, México tiene una fuga de hasta 20 mil millones de dólares en transporte marítimo.
“Nuestra intención nos es bloquear a PEMEX, pues de tener que atender la totalidad de sus operaciones nos pondría en una situación difícil de mandar a construir barcos en un mercado altamente demandado o comprarlos más caros”, aclaró Juan Pablo Vega.