De ser aprobado por la Cámara Alta, dicha ley permitirá utilizar un fondo de garantía ante organismos financieros, con el fin de que empresas navieras mexicanas puedan comprar o reparar embarcaciones que posteriormente puedan utilizarse en servicios de cabotaje.
El fondo ya fue conformado con un monto de 60 millones de pesos, proveniente de parte de los ingresos obtenidos por los derechos de uso de puerto y atraque en el país, cantidad que se irá incrementando año con año.
El dictamen indica que la importancia de esta iniciativa es porque la flota mercante mexicana se encuentra en una posición de competencia desigual frente a embarcaciones con bandera extranjera.
Los diputados de la Comisión de Marina consideraron que los cambios propuestos establecen las condiciones necesarias que permitirán la reactivación del sector marítimo.
Entre las medidas propuestas en el dictamen se establece la creación del Registro Especial Marítimo Mexicano (REMM), que a diferencia del registro ordinario, tiene el objeto de integrar embarcaciones con características determinadas, otorgándoles beneficios de carácter fiscal y administrativo.
Un estudio sobre las necesidades de la marina mercante elaborado por la Dirección General de Marina Mercante, concluyó que actualmente 47% del cabotaje en México se realiza con barcos de bandera extranjera, mientras los buques mexicanos tienen en su mayoría una antigüedad de 20 años, que es el tiempo de vida útil de una embarcación.