De acuerdo con el diputado priísta Rogelio Humberto Rueda Sánchez, existen anomalías en la adquisición de 68 hectáreas que se están comprando a 16 ejidatarios en el municipio de Jalipa por 112 millones de pesos.
Sin embargo, el director general de la API Manzanillo, Héctor Mora, aseguró que este asunto está concluido y que se actuó de acuerdo con la ley.
“No hemos cometido ninguna anomalía en el proceso, todo ha sido transparente. No hay nada extraño en la compra de los terrenos ya tenemos plenamente demostrado todo mediante evidencias”, afirmó.
Benjamin Luna de la Torre, director jurídico del puerto, explicó que la Secretaría de la Función Pública, intervino en este proceso y en la resolución OIC-09/179/093/05 con fecha de 26 julio de 2005 determinó que la API actuó adecuadamente.
El diputado priísta pidió que se investigue por qué el dinero que se pagó a los ejidatarios por sus tierras aparece en cuentas de otras personas ajenas al proceso; sin embargo, Héctor Mora y su director jurídico, aseguraron que se dieron los cheques directamente y con el nombre de los ejidatarios.
“Lo que ellos hayan hecho con su dinero ya no es asunto nuestro, pero nosotros dimos directamente los cheques”, aseguró Mora.
Las denuncias fueron presentadas por dos personas ajenas al proceso: Alexandrus Fklavenitis Skliru de la empresa maniobrista Opuma y Javier Montes Camarena, quien fungiera como secretario particular del diputado cuando éste ocupó la presidencia municipal de la entidad. Fklavenitis fue retirado del puerto por irregularidades en la operación administrativa de su empresa.
Los terrenos que han iniciado esta disputa se encuentran a 3 kilómetros del Puerto y servirán para construir un centro regulador de transporte a fin de que los mil tráileres diarios que circulan hacia y desde la terminal no afecten a la ciudad.
En esos terrenos que recibirán una inversión inicial de 5 millones de pesos, también se planea la construcción de centros de servicios como gasolinera y hotel, entre otros usos