Los recursos, supuestamente extraídos de las cuentas bancarias de los ejidatarios por los promotores en el proceso de la compra-venta, ascienden a 52 millones de pesos, y aunque las transacciones se encuentran firmadas por los cuentahabientes, Montes Camarena presume que los vendedores fueron engañados por dichos intermediarios.
Documentos en mano, Montes Camarena detalló inicialmente que todo este asunto comenzó con la compra de 69 hectáreas en la comunidad conocida como Jalipa, donde pretendía instalarse una infraestructura que contribuya a las tareas del recinto portuario.
Manifestó que para lo anterior la API primeramente contactó a una empresa denominada Lomelín, para que a través de ella se realizara la compra de los terrenos; “sin embargo, luego se vieron desplazados en esa tarea por Luis Álvarez González y por Abraham Velázquez Larios; éste último es además, director de Fomento Agropecuario del ayuntamiento de Manzanillo”.
Montes Camarena refirió que en lo personal inició su investigación periodística con una serie de comentarios en prensa y radio, “pero ante mi insistencia por aclarar este asunto me comenzaron a llegar diversos documentos que dejaban entrever la comisión de bastantes irregularidades por parte de diversos personajes”.
Si hay intermediarios
El periodista puntualizó que Álvarez González y Velázquez Larios se hicieron de un membrete para erigirse como la empresa Prestadores de Servicios Profesionales, mismo que utilizaban para servir como intermediarios o coyotes entre la API y los ejidatarios de Jalipa.
Manifestó que a través de la empresa antes señalada a las personas se les elaboraba un leonino contrato de compra-venta donde se estipulaba un precio de 110 pesos por metro cuadrado; “pero en la API los cheques salían para cubrir un costo de 160 pesos; esto quiere decir que en algún lugar se quedaron 50 pesos por cada metro”.
Enfatizó que lo anterior demuestra que, efectivamente, la API utilizó intermediarios para el proceso de compra-venta de los terrenos en Jalipa; “esto a pesar de que el director de esa dependencia, Héctor Mora Gómez, negó en todo momento la existencia de esas personas y argumentó que la adquisición de los terrenos se realizaba de forma directa”.
Luego, Javier Montes subrayó que en estas negociaciones la API y sus intermediarios actuaron de mala fe en contra de los ejidatarios de Jalipa, “dado que los contratos de compra-venta son completamente leoninos y en ellos se nota la intención de aprovecharse de la ignorancia de los ejidatarios, esto con la complacencia del notario que les dio la fe pública, René Tortolero”.
Desaparece dinero del banco
Posteriormente expresó que lo más grave de este asunto es la desaparición del dinero que se depositaba a los ejidatarios por la compra-venta de los terrenos. “Un ejemplo claro de ello sucedió con la señora Antonia Velázquez, quien por la venta de 12 hectáreas recibió originalmente 12 millones de pesos, pero después le retiraron 4 millones”.
Aquí precisó que la API emitió un cheque por la cantidad de 12 millones de pesos, “pero a la hora en que se deposita ese dinero a Antonia Velázquez se le comienza a desaparecer de su cuenta; esto aún cuando ella no había autorizado ninguna transferencia ni tenía conocimiento de ninguna comisión para los intermediarios”.
Relató y mostró los documentos bancarios en los que se exhibe las transferencias de más de 1 millón de pesos y luego otra de más de 2 millones de pesos; “por eso los ejidatarios lo que pretenden es que se les regrese ese dinero que está desapareciendo y pagar únicamente lo que corresponde al porcentaje de compra-venta”.
Refirió que por el momento, 8 de los 15 ejidatarios defraudados se acercaron con él para tratar de que esta situación se resuelva; ellos son la mencionada, Antonia Velázquez, así como Victoria Vidrio, Jorge Cárdenas, Vicente Cárdenas, Jesús Velázquez y Carlos Cárdenas; “todos ellos nos pidieron que se solicitara la documentación respectiva al banco”.
La denuncia ante la PGR
Por todo lo anterior, el periodista interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República; “esto porque se está utilizando dinero federal en la compra de terrenos y donde se han beneficiado intermediarios, además que han beneficiado a terceras personas”.
Al respecto, aseguró que existe el compromiso para que la Unidad Especializada Contra Delitos de los Servidores Públicos envíe una unidad al estado de Colima con la finalidad de iniciar las investigaciones correspondientes.
Al preguntarle cuál es su interés en este asunto, Montes Camarena esgrimió que muchos de sus allegados y él mismo han sido perjudicados por gente de la API y a consecuencia de la investigación antes comentada, “esto me otorgó más valentía y ganas de entrarle a fondo al asunto”.
Sobre la denuncia presentada en su contra por el presunto delito de difamación, Javier Montes se dijo despreocupado de eso y afirmó que cuenta con toda la documentación para demostrar la responsabilidad de Héctor Mora Gómez en este asunto. “Ahora sólo falta que las autoridades federales vengan para comenzar con su investigación”.