Víctor Manuel Alcérreca, secretario de Desarrollo Económico de esta entidad, dijo que el esquema actual que contiene la Ley Aduanera inhibe el desarrollo y creación de nuevos complejos.
Este tipo de régimen (lo que en otros países se conoce como zonas francas) se introdujo en 2002 y consiste en la introducción por tiempo limitado de mercancías nacionales extranjeras o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución y transformación.
En este esquema, las mercancías quedan libres del pago de impuestos al comercio exterior y cuotas compensatorias y no están sujetas al cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas, excepto las expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional.
Desde esa fecha, sólo en San Luis Potosí y Guanajuato se han creado recintos fiscalizados estratégicos.
Y es que, de acuerdo con Manuel Alcérreca, actualmente hay muchas limitantes en la operación de los recintos, como indefinición en las reglas de entrada y salida de las mercancías.
De acuerdo con información del Sistema de Administración Tributaria (SAT) existen 30 solicitudes para establecer recintos fiscalizados estratégicos en distintas zonas del país, muchos de ellos por parte de gobiernos estatales, aunque sin llegar a ser una solicitud formal.
“Con esta propuesta buscamos flexibilizar las condiciones del control para este tipo de recintos y la posibilidad de que puedan estar a cargo organizaciones privadas, que no sólo las maneje el gobierno”, dijo Alcérreca.