El proyecto, señaló Roberto Ramírez de la Parra, administrador Central de Apoyo Jurídico de la AGA, iniciará en un mes con unas 25 marcas pertenecientes a las industrias de confección y calzado, las cuales sufren daños por este delito de unos 16 mil millones de dólares.
El funcionario explicó que la dependencia solicitará a estas empresas los nombres de los importadores, licenciatarios y distribuidores autorizados para internar sus mercancías a México, a fin de rastrear cada embarque que arribe a las aduanas señaladas, en las cuales, aseguró, se presume que ocurre la mayor cantidad de operaciones de piratería y contrabando.
Dijo que una vez detectado algún embarque sospechoso, el agente aduanal solicitará a la empresa afectada que haga una denuncia para decomisar el cargamento y emprender acciones legales.
En este proyecto también participarán la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
De acuerdo con Fernando Barbosa, director general de la CAAAREM, la piratería se ha apoderado de un 60% de los sectores de calzado, textil y confección y se han perdido unos 140 mil empleos.
Las aduanas de Nuevo Laredo y Manzanillo están congestionadas. En este sentido, de acuerdo con Moisés Naim, ex funcionario del Banco Mundial, los mayores problemas a nivel mundial de contrabando y piratería suceden en los recintos aduaneros que enfrentan problemas de saturación ante el volumen de comercio exterior.
Jorge Amigo, director general del (IMPI), dijo que paulatinamente se buscará hacer extensivo este programa a un mayor número de aduanas y empresas.
Para que el combate sea efectivo, agregó Fernando Barbosa, se propondrán modificaciones a la ley Aduanera y de la Propiedad Intelectual, de tal manera que la autoridad aduanera pueda decomisar la mercancía ilícita antes de que ésta sea desaduanizada e internada al territorio.
Jorge Amigo dijo que actualmente la legislación de la materia le impide a la autoridad aduanera detener la mercancía, pues debe recibir una orden del IMPI o de la Procuraduría General de la República (PGR).
Otras medidas
Respecto al tema del contrabando, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, propuso a la CAAAREM la creación de un comité formado por ambas dependencias, así como la Secretaría de Hacienda, el SAT y la AGA, para establecer medidas que deberán seguir los agentes aduanales en el combate a este delito.