Grupo México, concesionario de la vía de Ferrosur, podría impugnar el decreto presidencial sobre la ocupación temporal en tres tramos de dicha infraestructura ferroviaria, litigar por la vía administrativa o bajo un juicio de amparo.
Javier Cruz Ángulo, abogado constitucionalista, explicó que si la empresa considera que hubo una expropiación equiparada, es decir, cuando el Estado toma abruptamente alguna propiedad de algún particular, acudirá al juicio de amparo, pero si considera que fue una terminación anticipada será a través de un Tribunal de Justicia Administrativa.
“Esto se va a saber muy rápido porque para el amparo corren 15 días para Grupo México, si creen que fue una expropiación equiparada serán 15 días a partir de que ingresaron los elementos de la Secretaría de Marina para interponerlo, si creen que fue una terminación anticipada de una concesión tiene 30 días para acudir al Tribunal de Justicia. En consecuencia, decida como decida no van a pasar menos de dos años o dos años y medio para que sepamos una primera resolución”, explicó en entrevista con T21.
No obstante, sostuvo que el medio idóneo de defensa sería el juicio de amparo, y es que explicó que en el 2000 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó el precedente en que toda expropiación debe ser vía previa indemnización y después el Estado puede tomar los bienes, algo que se llevó a cabo durante el proceso para construir el aeropuerto de Texcoco durante la presidencia de Vicente Fox.
“El juicio de amparo es la figura en la cual se podría reclamar que se tomaron bienes de particulares o los de Grupo México sin una previa indemnización y que se puede hacer más amplio el medio de defensa conteniendo el propio decreto como un amparo de leyes porque reviste ciertas características de ley. También se podría atacar la constitucionalidad del decreto, se podría atacar el acto de que se tomaron las instalaciones de este tramo y la última litigar bajo la vía administrativa en cuanto a legalidad misma del acto, si el Estado actúo o no apegado a la ley, se puede litigar en Tribunal Administrativo. En mi óptica lo litigaría en vía de amparo en una figura de expropiación equiparada en lo que toca ciertos bienes e incluso a la propia concesión por los daños y perjuicios que llegaran a ocasionar por la forma que se tomaron las instalaciones”, dijo.
Por su parte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, opinó que el decreto tiene varias inconsistencias que la empresa puede impugnar.
“El tema es que desde el punto de vista jurídico y político Grupo México va a querer enfrentarse con el Gobierno federal y no precisamente porque la lleve de perder desde lo jurídico sino por lo que puede implicar que el poder del Estado se vaya políticamente en contra de la compañía y creo que es algo que debe de estar valorando, hasta dónde van a dar una pelea en lo jurídico, que sí la podrían estar ganado porque si el dictamen se va a seguridad nacional y deja de lado la causa de utilidad pública, es ahí un punto que puede controvertir”, precisó.
Respecto a la segunda publicación del decreto de ocupación temporal que salió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la víspera, en donde el Gobierno federal reitera que no es una expropiación, lo consideró como “una mentira”.
“La Ley de Expropiación es muy clara, cuando establece que se va a poder declarar como causa de utilidad pública precisamente las concesiones y más si estas tienen que ver con una prestación de un servicio público como tiene que ver el tema de los trenes. Si el presidente lee el decreto que él firmó, se verá que la propia ley sí permite el poder expropiar una concesión, pero si lo que quiere es recuperar una concesión hubiera seguido el proceso que establece la Ley Reglamentaria del servicio ferroviario”, explicó en entrevista radiofónica.
Por lo que afirmó que la declaratoria de utilidad pública es la antesala de una expropiación, aunque no se conoce cuándo el Ejecutivo federal la pueda decretar porque el documento establece una temporalidad. Aunque la ley de expropiación establece que la ocupación temporal podrá ser por un máximo de cinco años.
Mientras tanto, la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI) hizo un llamado al gobierno de México para hacer valer los principios de equidad y justicia y se pronunció a favor de un diálogo entre el Ejecutivo federal y Grupo México.
De igual manera, el Consejo de Empresas Globales, organismo que integra a presidentes y directores generales de 62 empresas que operan en distintos países y con una presencia sólida en México, externó su preocupación ante el creciente deterioro de la certidumbre jurídica en el país necesarias para que lleguen las inversiones como las esperadas por el nearshoring y otras.
“Los hechos ocurridos en Ferrosur representan un grave riesgo para la imagen del país en el corto y largo plazo. Es un hecho que envía un mensaje equivocado porque pone en duda el respeto a las garantías constitucionales y a los marcos jurídicos que protegen la inversión. Es crucial que el gobierno se ajuste a la ley y evite tomar acciones que pueden ser percibidas como arbitrarias”, sostuvo.
Por ello, exhortó al Gobierno federal a ser consciente de las consecuencias que puede tener decisiones que vulneren el Estado de derecho, la confianza de los inversionistas y la reputación de México en el mundo.
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