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La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) mencionó sobre las reformas aprobadas por el Senado a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que existen ciertos temas que preocupan a la industria y esperan que cualquier aprobación sea bajo los términos en los que se han conversado.
“Estaremos muy pendientes en este tema, sin duda una iniciativa que trae temas del sector, alguno de ellos de mayor capacidad de regulación para la Agencia y otros con preocupaciones con respecto a cómo se han planteado. Estaremos platicando con senadores que están dentro del proceso de aprobación y ver que sea bajo en los términos en que hemos estado conversando”, dijo Óscar del Cueto, presidente del organismo durante su reunión bimestral.
Mientras que David Camacho Alcocer, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), expuso brevemente que se encuentran analizando la iniciativa, sin embargo, “se tiene que ir de la mano” y solicitó participar en alguna reunión sobre el tema.
“Sí queremos que haya una agencia un poco más fortalecida, no hemos metido mucha mano, lo estamos evaluando, pero sí queremos una agencia más fortalecida, es por el bien del sector. Estamos viendo el tema de sistema de exención y control y se sale de las manos porque no tenemos normativa y otras cosas porque no tenemos ese empuje”, comentó.
La iniciativa aprobada el pasado lunes por las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, será discutida en el pleno este jueves 29 de abril.
Las reformas se realizaron entorno a las tarifas las cuales se modificarán cada 3 años, así como al aumento de multas a las empresas, mismas que pasarían de 3 millones a 3,000 millones de pesos y la disminución de 50 a 30 años de las concesiones ferroviarias, entre otros.
En un documento, la AMF consideró que la iniciativa incluye claras violaciones a 2 principios constitucionales, el de proporcionalidad de las sanciones y el de competencia y libre concurrencia en términos de precios, además abonan a un entorno de incertidumbre jurídica, con efectos directos en los socios norteamericanos.
“Esta incertidumbre jurídica desincentiva la inversión en un sector intensivo en capital. Estamos a favor de todo lo que nos haga más eficientes y que traiga más carga al ferrocarril como un medio sustentable y aliado de la reactivación económica. Preocupa que los cambios propuestos y sus alcances no reflejan una visión integral y pueden ser nocivos para el sector con un impacto contrario para el usuario que el deseado”, dijo.
Sobre la reducción de las concesiones ferroviarias de 50 a 30 años, consideró como “expropiatorio y vulnera la certidumbre jurídica de los concesionarios ferroviarios para renovar sus actuales concesiones por plazos adicionales de 50 años. En tanto las modificaciones propuestas en lo relativo a las multas, resultan contrarias al Artículo 22 Constitucional, toda vez que el precepto constitucional prohíbe la aplicación de multas excesivas e indica que toda pena deberá ser proporcional a la conducta sancionada y al bien jurídico afectado”.
Respecto a las tarifas, comentó que aun cuando los concesionarios mexicanos son de los más competitivos a nivel mundial, se pretende limitar la libertad de fijar tarifas, en razón de que ahora sólo podrán registrarse cada 3 años. “En la práctica lo que la iniciativa propone es una política de control de precios en la que la ARTF fije de manera discrecional las tarifas aplicables al servicio público de transporte ferroviario mediante un Modelo de Costeo Ferroviario”, dijo.
“Lo anterior en franca violación al principio de libre concurrencia de precios establecido por nuestra Constitución. Lo anterior, sin perjuicio de las graves afectaciones que una política regulatoria de control de precios tendrá para la industria ferroviaria mexicana, al desincentivar las inversiones, y por tanto un impacto negativo en el desarrollo del mismo. Particularmente resultan preocupantes las modificaciones propuestas que generan incertidumbre jurídica y desincentivan la inversión. Estos aspectos, son abiertamente contrarios al espíritu de la Constitución y pareciera que tienen la intención de dar de facto capacidad al Estado para controlar la industria ferroviaria de carga”, dijo.
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