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De acuerdo con diversas solicitudes realizadas por ciudadanos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal a la entidad rectora del proyecto, Fonatur Tren Maya, hasta ahora los avances se centran en los registros en Cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el desarrollo de un par de estudios.
Con base en cinco solicitudes analizadas por T21 donde se realizan diversos cuestionamientos a Fonatur Tren Maya respecto del proyecto y se le requieren documentos como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la entidad solo refiere los registros en cartera de dos estudios, alegando que en distintas direcciones no cuenta con la información que se le solicita.
Entre las peticiones de los ciudadanos destacan el presupuesto asignado; los estudios llevados a cabo y sus resultados; detalles constructivos; proyecto ejecutivo; tiempos estimados de obra y para la entrega de estudios relacionados con el patrimonio cultural; y, contratos que se hayan suscrito para los estudios. En todas, Fonatur Tren Maya solo redirige a los registros en Cartera.
La primera clave de Cartera a la que refiere la dependencia está definida como “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, cuyo costo total asciende a 972 millones de pesos, aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 solo tiene asignados 124 millones 631 mil 621 pesos; es decir, solo el 12.8% del total.
El objetivo del estudio es “contar con elementos para la toma de decisiones, que determinen cuál de las zonas propuestas es la que cuenta con factibilidad para la obtención de mayor información que permita el desarrollo del proyecto (…) en ese sentido es necesario realizar los siguientes estudios preliminares que permitan obtener resultados a través de un Plan Maestro que priorice las tres zonas conforme a los criterios de rentabilidad, factibilidad técnica, legal, ambiental, social”.
La segunda clave de cartera referida por Fonatur Tren Maya se denomina “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya” con un costo de 62 millones 315 mil 811 pesos; contemplados en su totalidad por el PEF 2019.
La intención es “obtener datos suficientes para determinar cuáles son, a lo largo de la ruta del Tren Maya, las comunidades factibles de desarrollo, considerando diferentes factores como el ambiental, el legal, de disponibilidad de servicios, de desarrollo agropecuario, de búsqueda de atractivos turísticos, cambio de vocaciones productivas fracasadas o débiles, todo ello en favor del desarrollo económico de la región sureste”.
La implementación del proyecto Tren Maya, según Hacienda, significa un circuito regional de líneas férreas de aproximadamente mil 525 kilómetros que una los cinco estados del sureste de México (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), con altas especificaciones técnicas y servicios para pasajeros y carga.
Contempla tres zonas:
• Zona Selva: Palenque, Tenosique, Candelaria, Escárcega, Centenario, Calakmul, Xpujil y Bacalar, con 496 kilómetros.
• Zona Caribe: Bacalar, Tulum, Playa del Carmen y Cancún, con 376 kilómetros.
• Zona Golfo: Cancún, Valladolid, Chichen Itza, Izamal, Mérida, Campeche, Escárcega, con 653 kilómetros.
Recientemente el Presidente López Obrador denunció un supuesto sabotaje legal contra el proyecto, al igual que con el de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. “En cuanto al Tren Maya vamos a enfrentar muchos obstáculos, pero lo decía yo, la 4T va caminando. Hay una lluvia de amparos, como lo dije hace ocho días, un sabotaje legal”, enfatizó.
Sin embargo, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el 19 de marzo se adjudicaron directamente tres contratos para la realización de los estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y desarrollo de plan maestro para la construcción del Tren Maya por un total de $90.8 millones de pesos. La razón dada por el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a por qué se habían adjudicado dichos contratos fue que la dependencia tenía “atribuciones en corto para lograr este tipo de acuerdos”.
Esto contraviene las leyes en la materia que establecen que, salvo en los casos expresamente previstos en las mismas, se impide la adjudicación de contratos a un particular para la construcción (o actividades relacionadas) de un proyecto de infraestructura y que ésta debe estar respaldada por un dictamen previo y por escrito en donde se justifique la excepción correspondiente, sentenció el organismo.
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