![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.
![](https://t21.com.mx/wp-content/uploads/2023/08/TrenContenedores.jpg)
El secretario de la Función Pública de México, Salvador Vega, anunció en rueda de prensa que además se ha iniciado un proceso penal contra estos funcionarios, adscritos al organismo público Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), propietario de las vías.
Los funcionarios, inhabilitados por periodos que van de los 11 a los 15 años, podrían además cumplir penas de hasta siete años de prisión y pagar sanciones de hasta tres veces el daño económico ocasionado.
Vega explicó que los funcionarios de FNM, un organismo en liquidación, habían convocado a cuatro licitaciones entre los años 2003 y 2005 para la venta de chatarra que no pudieron cumplir, lo que generó una deuda de 10,3 millones de pesos.
Para saldar esta deuda, los trabajadores públicos entregaron a cuatro empresas más de 53.000 toneladas de vías férreas, que incluían acero de alta calidad, equivalente a 590 kilómetros cuadrados.
Según Vega, los funcionarios "pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener las facultades para ello".
Los presuntos responsables del ilícito contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso; Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general Jurídico. Además, Antonio Paredes Ruiz, subgerente del Servicios Especiales; Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica; y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.
Mientras que las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; así como Remesare, Cicloaceros y Varios Negocios de Sonora.
Los tramos de ferrocarril comercializados ilegalmente por los funcionarios estaban instalados en los estados de Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.Autoridades de la dependencia federal señalaron que luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se abrió la indagatoria PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010 por el delito de fraude y lo que resulte.