El pasado 12 de febrero el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Dosal, puso punto final a las intenciones del gobernador yucateco, Mauricio Vila, quien saltándose las trancas quiso entrar por vía libre al puerto de Progreso, dragar y profundizar el canal de navegación y con ese material rellenar un área equivalente de 40 hectáreas que se auto concesionaria para operar una terminal de combustibles y rentar a terceros otros espacios.
Esta iniciativa que llevó al Congreso local de mayoría de su propio partido el PAN, le había aprobado un endeudamiento para esos propósitos de tres mil millones de pesos y promulgado un par de leyes y formado una empresa paraestatal, para construir su proyecto que, por supuesto, preocupó a la iniciativa privada por la competencia desleal que eso significaría y el riesgo que, de prosperar, se extendiera a otros puertos.
La preocupación creció por la voz callada que había mantenido la autoridad federal rectora de los puertos de altura en el país, en este caso la Secretaría de Marina. Pero eso finalmente ocurrió el pasado 12 de febrero cuando el titular de la dependencia le envió al gobernador de Yucatán una carta de tres páginas explicándole que todas las acciones realizadas en relación con el puerto de Progreso, sobrepasan los alcances del gobierno local y contravienen la Ley de Puertos poniendo un freno ipso facto a las acciones que el gobierno de la hermana república de Yucatán había emprendido hasta ese momento. ¡Bomba!
Todavía hay esperanza en algunas áreas en nuestro maltrecho Estado de derecho.
Agregar costo y complicarlo es lo nuestro
Al menos en algunas zonas urbanas metropolitanas debería haber cierta flexibilidad con el famoso complemento Carta Porte en pro de simplificarle la vida a las empresas. Un ejemplo es lo que ocurre con una planta coreana de electrodomésticos ubicada en Apodaca, Nuevo León. Para su exportación a Estados Unidos vía el transporte intermodal tiene un par de opciones de caminos para llevar de su planta a la terminal intermodal de Salinas Victoria sus contenedores de exportación.
La distancia no es mayor a 10 kilómetros, pero en las dos opciones viales el tráfico es intenso y frecuentemente ocurren accidentes que terminan bloqueando las arterias, pero como ambas opciones incluyen pequeños tramos de carretera federal, cuando esto ocurre hay que cancelar complementos Carta Porte y rehacerlos por cada uno de los embarques con el trastorno logístico que ello representa que es regresar a la planta por el nuevo documento y volver a iniciar el trayecto en la ruta alterna.
En México el costo para las empresas de mantenerse en orden con el gobierno es de los más altos en el mundo. Pareciera que aplicamos aquella máxima de, para que hacerlo fácil si podemos complicarlo.
La escollera ok y a lo que sigue
El pasado lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la escollera del puerto de Salina Cruz que forma parte del proyecto integral del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Con ello se va avanzando en su integración, pero no es el final todavía para el arribo de buques de mayor calado.
Lo que sigue es la construcción de la terminal de contenedores que requerirá del relleno de la zona ganada al mar y su posterior licitación. Adicionalmente a ello faltará la construcción de los accesos y conectividad ferroviaria para unir la zona portuaria de ampliación al ferrocarril que hará el puente terrestre entre ese y el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.
Ayer también se colocó la primera piedra de lo que será el polo de desarrollo de Texistepec, ubicado a unos 45 kilómetros del puerto de Coatzacoalcos. La tarea no está concluida y hay que seguir.
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