Mucho ruido y lo más importante, pérdidas millonarias, fueron los resultados de la decisión unilateral de cambiar la estructura tarifaria en los aeropuertos concesionados a grupos privados por parte del actual Gobierno federal mexicano, dada a conocer el pasado 5 de octubre, medida por cierto adoptada sin mediar análisis o estudio serio que la justifique, y sin duda también en línea con la política del actual mandatario de atentar contra una aviación civil en manos de civiles a la que está entregando, como se dice coloquialmente “en charola de plata” a las fuerzas armadas mexicanas, llámese Marina y Defensa Nacional, en una de las cuales se habla sin pudor alguno de la intención de eventualmente hacerse del control de todos los aeropuertos mexicanos, incluyendo claro está las grandes y rentables terminales aéreas actualmente en manos de ASUR, GAP y OMA, por cierto las principales afectadas por las medidas dadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por sus siglas SICT, aun cuando la vigencia de las concesiones otorgadas en el año 1998 es de 50 años.
Bien se dice que un pesimista “es un optimista con experiencia”, de ahí que, tomando en cuenta alguna experiencia personal, no tengo razones para dudar de este objetivo, argumentado con base a toda clase de razones, desde mal servicio, cobros excesivos y ese ya muy trillado de la seguridad nacional al que se suele recurrir para cubrir de secrecía las acciones de las fuerzas armadas, administrando lo que debería mantenerse en manos de organizaciones públicas o privadas civiles.
Lo cierto es que al abordar el tema de las tarifas aeroportuarias que cobran los grupos privados el gobierno alega, hay que decirlo con alguna razón que las mismas, caso específico de la famosa TUA (Tarifa Uso de Aeropuerto) que son excesivas y deben reducirse en beneficio del costo final de los boletos de avión, algo con lo que en un principio estoy de acuerdo, debido a que, tal y como lo he comentado varias veces en sendas columnas que me han hecho el favor de publicar mis amigos editores, la calidad del servicio en los onerosos aeropuertos mexicanos dista mucho de ser la adecuada, por lo que es válido afirmar que le han quedado a deber a los mexicanos, pero de ahí a quitarles las concesiones creo que hay una enorme distancia.
Quizás valga la pena recordar que quien debe velar por que no se le quede a deber a los mexicanos por una concesión es la autoridad que la otorga, que en caso aéreo evidentemente no ha hecho el trabajo que le corresponde, incluyendo asegurarse que los concesionarios brinden un servicio de calidad, asunto en el que la Facilitación (Anexo 9 OACI) les tiene sin cuidado a muchos funcionarios y prestadores de servicios.
En este contexto, empleando el argot “cuatrotero” me cayó, ahora sí que “como anillo al dedo” la publicación el pasado 16 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del “Programa Institucional 2023-2024 del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., por sus siglas, y advierto: hay que irse acostumbrándose a ellas (GAFSACOMM), es decir, la entidad paraestatal creada por la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerse cargo de una serie de proyectos y servicios en materia aeronáutica y aeroportuaria, cultural, ferroviaria, hidrocarburos, logística y turística, más lo que se le ocurra al actual Ejecutivo sumarle una mañana cualquiera, documento al que irónicamente hace unas cuantas semanas se me había negado acceder, aun cuando ello era administrativa y legalmente procedente y hasta necesario para realizar algún trabajo. Seguramente mis excolegas uniformados, sabedores de mi labor como “opinólogo” de los quehaceres del transporte, logística y el turismo, estaban seguros que su contenido no solamente llamaría mi atención, sino que además me alarmaría, tal y como siento debería ser el caso en las organizaciones de capital privado que participan en los sectores que refiero.
Y es que ¿cómo no preocuparse de lo que significan enunciados como los siguientes?:
- “El mercado no sustituye al Estado”, es decir: primero lo que convenga al Estado, que no es necesariamente lo más adecuado para la economía y, por ende, para el pueblo de México.
- “La participación de privados en la administración de aeropuertos no ha demostrado impactar de manera significativa en el bienestar de la población… no es palpable el impulso al desarrollo regional homogéneo ya que algunos aeropuertos han sido cerrados ante la baja rentabilidad que presentan por su deficiente administración, sin importar el impacto negativo en la conectividad de diversas comunidades que ello implica”, es decir: las concesiones aeroportuarias a privados no sirven a la población mexicana. Por otra parte, lo dicho en el sentido de que algunos aeropuertos han sido cerrados por la deficiente administración es totalmente falso; lo que se ha dejado de operar son algunas rutas, efectivamente deficitarias en aeropuertos por cierto administrados por entidades federales (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) y los gobiernos estatales. Dicho en pocas palabras: ¡aguas ASUR, GAP y OMA que van por sus concesiones!
- “La infraestructura ferroviaria en México se encuentra rezagada respecto del avance que otros sectores del transporte han tenido…. hoy en día la mayor parte del sector está concesionado a privados, quienes además de enfrentar problemas de la propia operación, presentan rezago en el mantenimiento…”, es decir: ¡cuidado también Ferromex, Ferrosur, Ferrovalle y Canadian Pacific Kansas City!
- “El GAFSACOMM ejercerá la supervisión y el control de distintos centros turísticos”, es decir: ¡ojo inversionistas turísticos privados!
- “En diversas regiones la demanda de transporte aéreo no es atendida satisfactoriamente…”, es decir: ¡atención aerolíneas privadas mexicanas que les viene la competencia de entes tan poderosos como pueden ser el Estado mexicano y sus fuerzas armadas!
Entonces estimado lector, no se sorprenda de que tarde que temprano veamos a militares administrando como ya tiene lugar con los puertos, todos nuestros aeropuertos y sistemas ferroviarios y de que los argumentos que se expresen para ello tengan mucho que ver con la debilidad de la gestión de las autoridades civiles, la cual puede ser invocada para que esa militarización, que nada nos agrada a muchos aeronáuticos mexicanos, siga implacablemente su camino y que solamente podrá ser contenida en la medida en que un nuevo y más responsable modelo político llegue al poder por medio del voto popular responsable y democrático.
Al tiempo…
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