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La reforma enviada al Senado de la República busca dotar a la Secretaría (Ministerio) de Comunicaciones y Transportes de la atribución para otorgar o negar la concesión tomando en consideración la soberanía, la seguridad nacional, o cuando el interesado no cumpla con las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto.
Asimismo condiciona la prórroga de las concesiones al cumplimiento de las condiciones del título respectivo y con la opinión de la Comisión Intersecretarial, conformada por las secretarías de Defensa, Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Debemos facilitar la entrada a la competencia, bajo una apertura responsable y nosotros como legisladores tenemos que ser los facilitadores.
Comentó el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Muñoz Márquez.
De acuerdo con la iniciativa se busca mejorar las condiciones para el desarrollo del sector, elevar la competitividad del sector aeronáutico, lo que a su vez propicia la integración regional y el incremento de oferta de servicios aéreos, reflejándose finalmente en mejores tarifas y servicios más eficientes.
El documento puntualiza que existe gran rezago en la oferta de infraestructura aeroportuaria en el país, ya que por cada 10 mil kilómetros cuadrados existen 1.2 aeropuertos, mientras que en los 10 países con mayor infraestructura, la media es de 37 por cada 10 mil kilómetros cuadrados.
Es decir, que nuestro país cuenta con 80 por ciento menos y se registran 3.3 vuelos por cada mil habitantes, mientras que en los 10 países con mayor tráfico aéreo es de 33 por cada mil habitantes.
El sistema aeroportuario de México se conforma por 85 aeropuertos, 59 de ellos son internacionales y 26 nacionales. Del total de aeropuertos, 34 están concesionados al sector privado en tres grupos aeroportuarios (Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario del Sureste) 19 están a cargo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y cinco en sociedad con gobiernos estatales y el sector privado.